La portavoz del Grupo en el Consell, Núria Riera, reitera lo que ya se dijo desde el Govern: “No se construirá ni un palmo más en la Serra.”
El Partido Popular de Mallorca ha acusado hoy al PSIB-PSOE de recurrir al oportunismo y a la demagogia para intentar tapar su crisis interna y los casos de corrupción que salpican al partido. Ante los reiterados ataques socialistas acusando falsamente al PP de querer destruir la Serra de Tramuntana, la portavoz popular, Núria Riera, ha sido contundente: “Ya lo hemos dicho y lo repetiremos tantas veces como haga falta: no se construirá ni un palmo más en la Serra.”
Riera ha recalcado que el único objetivo de la iniciativa impulsada por el PP es igualar los derechos de los vecinos de la Serra con los del resto de Mallorca y dar solución a muchas familias afectadas por edificaciones que no se pueden ni derribar ni regularizar de ninguna manera. “Con esta propuesta ofrecemos una salida a situaciones enquistadas desde hace décadas, sin poner en riesgo el patrimonio natural”, ha explicado.
La portavoz también ha querido evidenciar la incoherencia del PSIB: “Si tanto les preocupan las edificaciones ilegales, ¿por qué durante sus ocho años de gobierno no hicieron inspecciones ni sancionaron a los infractores?”. Riera ha añadido que “entendemos que ahora necesiten desviar la atención y fabricar polémicas para tapar su crisis y sus problemas judiciales, pero que sean tan oportunistas con un tema tan sensible para los mallorquines… no todo vale”.
Al margen de esta cuestión, el Grupo Popular en el Consell de Mallorca también ha defendido hoy la necesidad de una reforma urgente del sistema de financiación local para garantizar ayuntamientos fuertes, con recursos y capacidad de inversión. Riera ha recordado que “los ayuntamientos son la primera administración que atiende a los ciudadanos, la que presta más servicios esenciales y la que más sufre las restricciones económicas impuestas desde Madrid”.
Por este motivo, el PP ha registrado una moción que insta al Gobierno de España a comunicar antes del 15 de noviembre la financiación anual disponible, permitir el uso del superávit municipal para inversiones sostenibles y convocar de manera inmediata la Comisión Nacional de la Administración Local, que lleva más de tres años sin reunirse. “Defendemos unos ayuntamientos cercanos, solventes y con capacidad de decisión para mejorar la vida de la gente”, ha concluido Riera.
Compartir artículo
