El pasado 18 de mayo se publicó en el BOIB el Decreto 29/2023 por el cual se aprueban los principios generales y directrices de coordinación relativas al mapa y a la provisión mínima de los servicios sociales, y la declaración de atención preferente a les Illes Balears.

Desde el Partido Popular consideramos un gran error aprobar un decreto de tales características a diez días de la convocatoria de unas elecciones y con informe en contra del Consell Consultiu. Además, el texto podría estar vulnerando el Estatuto de Autonomía, la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Consells, al no respetar el reparto competencial establecido e invadir competencias de los Consells Insulars.

Otorga competencias propias de los Consells Insulares a los ayuntamientos sin asegurar una financiación adecuada, además de arrogarse como Govern competencias que no les son exclusivas. Por lo que, en lugar de clarificar las materias competenciales, algo tan importante en Servicios Sociales, lo que hace es generar un mayor caos y una gran incertidumbre.

Este decreto supone también una amenaza a la concertación social que ha permitido conservar el arraigo de las personas usuarias en sus servicios, especialmente en materia de discapacidad, al no contemplar las dificultades jurídicas y de intervención de las corporaciones locales para implementar la acción concertada. Pretende, además, establecer los principios de la atención centrada en la persona, consiguiendo una regulación del todo anticuada y realizada desde el punto de vista de los servicios y no de la propia persona.

Por todo ello, el Partido Popular se compromete a derogar el decreto si llega al gobierno y a impulsar una nueva ley de servicios sociales, consensuada con el Tercer Sector y con el resto de administraciones, que suponga un cambio de modelo de prevención y atención en los servicios sociales, que ponga de verdad en el centro a la persona, reconozca sus derechos y los garantice a través de servicios y apoyos con los principales objetivos de:

- Clarificar las competencias entre administraciones y áreas para evitar vacíos y duplicidades.

- Simplificar y desburocratizar la administración, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad.

- Garantizar una verdadera atención centrada en la persona, flexibilizando, adaptando los servicios y apoyos a la persona y creando los que sean necesarios.

- Reforzar la atención y prevención desde los servicios comunitarios, que prestan los ayuntamientos, con especial incidencia en la infancia y adolescencia.

- Profundizar y desarrollar el trabajo social comunitario.

- Hacer de la salud mental un eje transversal de la política social.

- Reconocer y garantizar nuevos perfiles profesionales necesarios para una correcta atención y prevención social.

- Apostar por la promoción de la autonomía personal en todos los sectores vulnerables, pero especialmente en el ámbito de la dependencia y discapacidad.

- Desarrollar y apostar por servicios de apoyo en el entorno de la persona.

- Garantizar y seguir desarrollando la concertación social.

- Introducir criterios de revisión y de retorno social en todos los programas y ser-vicios públicos.

- Fomentar una mayor colaboración público-privada.