“Las políticas del Govern de izquierdas provocan el efecto contrario que desean los partidos que lo integran: sus políticas urbanísticas han provocado en los últimos ocho años un récord de licencias, un récord de obras y un récord de ventas de casas a extranjeros”, ha advertido hoy el diputado del PP en el Parlament de les Illes Balears Sebastià Sagreras, durante el debate sobre el último decretazo urbanístico del Ejecutivo autonómico que lidera el PSOE de Pedro Sánchez y Francina Armengol.

El grupo popular se ha opuesto a la aprobación de un decretazo urbanístico -aprobado fuera del periodo de sesiones y a las puertas fin de año- que, según Sagreras, agrava el problema del acceso a la vivienda, supone una pérdida de valor patrimonial para los pequeños propietarios y las familias y aboca a la Comunidad Autónoma al pago de futuras y millonarias indemnizaciones.

“Esta manía del Govern de hacer urbanismo a golpe de decreto, a oscuras, sin consenso con los consells y sin diálogo con los ayuntamientos es una grave irresponsabilidad. Va contra la autonomía de los municipios, crea inseguridad jurídica y perjudica a aquellas familias que, aun pudiendo, no han especulado precisamente con sus propiedades”, ha lamentado el diputado del PP.

Por otra parte, Sebastià Sagreras también ha sido el ponente del PP en el debate para la modificación de Llei per a la Conservació d’Espais de Rellevància Ambiental, la LECO, sobre la que ha señalado que ahora “los ciudadanos tendrán una ley peor que la que tenían antes”.

Una modificación que, según ha sostenido Sagreras, “provoca más inseguridad jurídica, más maraña burocrática y menos agilización administrativa, quita garantías a los administrados, aumenta plazos en las tramitaciones, induce a arbitrariedades, otorga al Govern carta blanca para hacer y deshacer a su antojo y deja totalmente indefensos a los ciudadanos y empresas, incluso teniendo todas las autorizaciones y licencias, por deseo y capricho de la Conselleria de Medi Ambient del Govern socialista de Armengol”.

En este sentido, el diputado del PP ha señalado que la modificación de la LECO “dota de potestad al Govern para parar actividades y explotaciones que ya funcionan, que se pusieron en marcha en su día con todas las autorizaciones, licencias y informes preceptivos” del mismo Govern.

Como alternativa al intervencionismo y prohibicionismo del Ejecutivo del PSOE, el grupo del Partido Popular en el Parlament ha propuesto que cuando el Govern haga cambios sustanciales, a efectos de modificaciones puntuales del ordenamiento, estas, al menos, se justifiquen con un informe técnico y jurídico. También propone que, así como los ciudadanos tienen que cumplir unos plazos, la Administración tenga un máximo de un mes para redactar nuevos informes cuando se han enmendado aspectos desfavorables y, en cuanto al silencio administrativo, pueda ser entendido como favorable.

“Lo que ha de prevalecer es el sentido común, hemos de hacer compatible y complementaria la actividad humana, la actividad económica, los puestos de trabajo, incluso el deporte en la montaña o en la playa con la protección ambiental”, ha concluido Sagreras.