Los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox han presentado seis enmiendas a la Proposición de ley en tramitación parlamentaria relativa al sector del taxi y los vehículos de turismo con conductor (VTC) que tienen como objetivo mejorar el servicio de taxi y su competitividad, garantizando el servicio en todas las zonas y en todas las franjas horarias, y regular las autorizaciones de los VTC, desde el respecto a la libertad de empresa y con unas limitaciones. “La regulación de autorizaciones de los VTC es indispensable para evitar una avalancha de nuevas licencias de este tipo de vehículos en las Islas Baleares” ha explicado el portavoz de los populares en la Cámara balear, Sebastià Sagreras, y ha recordado que “durante el 2023, ante la posibilidad de cambios legislativos derivada de las varias sentencias judiciales al respeto, se han presentado más de 10.000 solicitudes de nuevas autorizaciones de VTC”.

Las enmiendas recogen las propuestas que ha trabajado el Gobierno de las Islas Baleares los últimos meses, desde la Consellería de Vivienda, Territorio y Movilidad, en permanente negociación con los sectores del taxi y de VTC, en relación a la modificación de la Ley 4/2014 de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Islas Baleares. Entre las novedades que se incorporan, “se propone regular la creación de las Áreas de Prestación Conjunta entre varios municipios, para contribuir a un uso más eficiente del taxi y mejorar el servicio a la ciudadanía; y una suspensión temporal de otorgamiento de nuevas licencias de taxi y de VTC -hasta que se apruebe un decreto que establezca los criterios para su concesión- en base en el estudio que considera suficientes las autorizaciones ordinarias de taxi y VTC para dar servicio en la población en temporada Baja”.

Así, en cuanto al sector del taxi, las propuestas para mejorar su competitividad incluyen medidas para flexibilizar y modernizar el servicio, como aumentar la capacidad hasta nueve plazas; permitir la posibilidad, mediante despliegue reglamentario, de establecer recorridos en un precio cerrado; y de hacer viajes compartidos mediante la contratación por plaza; aumentar el número de licencias por titular de taxi a un máximo de cuatro; y establecer la posibilidad, intermediado despliegue reglamentario, de regular la utilización de nuevas aplicaciones tecnológicas.

En relación con la creación de las Áreas de Prestación Conjunta entre varios municipios de una misma isla, “se plantea esta medida para unificar criterios y tarifas para todos los taxis de los municipios adheridos al área y para evitar que se hagan recorridos en vacío, por ejemplo en el trayecto de vuelta de un servicio en otro municipio”. Para la constitución de estas áreas territoriales de prestación conjunta, se propone que requieran del acuerdo de dos terceras partes de los municipios y que estas representen un 75% de la población de cada área.

En cuanto a nuevas licencias ordinarias de taxi y de VTC, se propone una suspensión temporal de su otorgamiento hasta la aprobación del decreto que establezca los criterios objetivos para conceder nuevas autorizaciones, basados en la mejora de la calidad del aire, la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público. Para la aprobación del decreto, se prevé un plazo de seis meses; y se propone que, “mientras no se haya aprobado el decreto, para cubrir las necesidades de la temporada alta, se podrán otorgar nuevas autorizaciones temporales, de taxi y de VTC, con un informe justificativo”, ha expuesto Sageras y ha añadido que “estas licencias temporales tendran un periodo de vigencia de hasta cuatro años para hacer frente al aumento de necesidad del servicio durante la temporada alta”.

En relación con los VTC, se prevé que los servicios de arrendamiento de este tipo de vehículos se tengan que iniciar en el territorio de la isla donde se encuentre domiciliada la autorización y se propone una disposición transitoria por la cual las autorizaciones existentes en la entrada en vigor de esta ley podrán continuar prestando servicio en todo el territorio de la Comunidad Autónoma durante un periodo de cuatro años. Así mismo, se plantea que si se considera necesario para atender la demanda de movilidad, mediante decreto se podrán establecer los plazos, condiciones y procedimiento por el cambio de domicilio de las autorizaciones vigentes que así lo soliciten a la entrada en vigor de esta ley.