El Partido Popular de Mallorca y Vox han anunciado hoy la presentación de una moción conjunta de reprobación contra la expresidenta del Consell, Catalina Cladera, y el exconseller de Deportes, Andreu Serra, tras la sentencia que confirma que, durante su gestión, la antigua concesionaria del restaurante de Son Pardo dejó de pagar el canon, acumulando una deuda superior a los 345.000 euros.



Según ha explicado el portavoz adjunto del Grupo Popular, Bernat Vallori, “la justicia ha confirmado que durante la legislatura del Pacte, el equipo de Cladera permitió con total pasividad un impago masivo de recursos públicos”. En este sentido, Vallori ha criticado “la dejadez, la opacidad y la permisividad” con la que se gestionó el espacio público de Son Pardo: “solo reclamaron la deuda días antes de perder las elecciones, una muestra de negligencia absoluta y de nula responsabilidad institucional”.

Por parte de Vox, el portavoz Toni Gili ha denunciado que “la corrupción está institucionalizada en el ADN del Partido Socialista”. Según Gili, “lo que estamos viendo con las distintas tramas que salpican al partido no es más que la punta del iceberg de un sistema organizado para beneficiar intereses propios a costa de los ciudadanos”.

Con esta moción, PP y Vox quieren que el pleno del Consell repruebe políticamente a Cladera y Serra como máximos responsables de una gestión que ha causado un grave perjuicio a las arcas públicas. “Es inadmisible que quienes permitieron este descontrol sigan ahora dando lecciones desde la oposición”, ha afirmado Vallori.

Ambas formaciones han recordado que el actual gobierno del Consell, presidido por Llorenç Galmés, no solo ha recuperado el control del recinto, sino que ya ha restablecido el servicio con una nueva concesión, “con transparencia y responsabilidad”.

“Los ciudadanos tienen derecho a saber quién falló, quién miró hacia otro lado y quién puso en riesgo los recursos de todos. Esta moción es un acto de justicia institucional”, han concluido. Desde el Consell de Mallorca se continuará reclamando hasta el último euro de los 345.000 que pertenecen a todos los mallorquines.