El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un total de 23 enmiendas al Decreto de Emergencia Habitacional, destinadas a ampliar el alcance de las medidas ya incluidas en el decreto ley para la creación de la nueva Vivienda de precio limitado y para favorecer la construcción más vivienda de protección pública a las áreas urbanas de los municipios de las Islas Baleares. "Las enmiendas presentadas buscan dar mayor seguridad jurídica y agilizar la aplicación del decreto, así como facilitar el acceso a la vivienda a colectivos específicos", ha explicado Sebastià Sagreras.

Según ha detallado Sagreras, una de las enmiendas prevé ampliar el alcance de la medida que permite el aprovechamiento de terrenos destinados a equipaciones para construir nuevas viviendas. El decreto ley prevé que se puedan hacer un cambio de uso de estas parcelas cuando todavía no se hayan desarrollado las equipaciones, y ahora se propone que también se puedan construir nuevas viviendas a terrenos que ya dispongan de una equipación en funcionamiento si la parcela tiene una edificabilidad permaneciendo, es decir si el planeamiento municipal ya permitía mayores actuaciones de edificación en los terrenos (por ejemplo construir más plantas o en otro edificio a la misma parcela), sin reducir la superficie destinada actualmente a la equipación. Tal como ya prevé el decreto ley, la medida permite crear viviendas de precio limitado en el caso de los terrenos destinados a equipaciones privadas, y viviendas de protección oficial si se trata de parcelas para equipaciones públicas.

Por otro lado, de cara a su despliegue, dado que los ayuntamientos pueden adaptar y limitar la aplicación de las principales medidas del decreto dentro de su ámbito municipal, se propone que los ayuntamientos dispongan de un periodo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la Ley, para aprobar y publicar en el BOIB los correspondientes acuerdos en los plenos municipales para determinar la regulación de las medidas en su municipio. "El objetivo es dar mayor seguridad jurídica a aquellas personas que puedan estar interesadas al aprovechar las medidas del Gobierno para promover viviendas a precio limitado", ha explicado el popular, que ha señalado que, “en caso de que en tres meses no se haya adoptado el acuerdo municipal, las medidas serían de aplicación llena”.

Entre otros de otras enmiendas de carácter más técnico, también se han presentado enmiendas para facilitar alternativas de vivienda y alojamiento a determinados colectivos de trabajadores con necesidades específicas, como el personal estatutario sanitario y el personal docente de la enseñanza pública no universitario de la Comunidad Autónoma destinado a plazas catalogadas como de difícil o muy difícil cobertura en las islas de Ibiza y Formentera, a través de un nuevo programa de alojamiento temporal en establecimientos turísticos que contará con el apoyo del Gobierno, mediante convenios con las consellerías de Salud y de Educación y Universidades, y que prevé el pago de hasta 400 euros mensuales a los empleados del personal mencionado para cubrir parte del coste de alojamiento; o la posibilidad de un cambio de uso de turístico a residencial para el aprovechamiento de terrenos vacantes para construir edificaciones de uso residencial comunitario, así como alojamientos con espacios comunes complementarios, destinadas a facilitar alojamiento al personal empleado y de dirección de la empresa turística en general, sin que se puedan destinar a otros usos diferentes.

Por otro lado, de cara a su despliegue, dado que los ayuntamientos pueden adaptar y limitar la aplicación de las principales medidas del decreto dentro de su ámbito municipal, se propone que los ayuntamientos dispongan de un periodo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la Ley, para aprobar y publicar en el BOIB los correspondientes acuerdos en los plenos municipales para determinar la regulación de las medidas en su municipio. "El objetivo es dar mayor seguridad jurídica a aquellas personas que puedan estar interesadas al aprovechar las medidas del Gobierno para promover viviendas a precio limitado", ha explicado el popular, que ha señalando que, en caso de que en tres meses no se haya adoptado el acuerdo municipal, las medidas serían de aplicación llena.

También se han presentado enmiendas para facilitar alternativas de vivienda y alojamiento a determinados colectivos de trabajadores con necesidades específicas, como el personal estatutario sanitario y el personal docente de la enseñanza pública no universitario de la Comunidad Autónoma destinado a plazas catalogadas como de difícil o muy difícil cobertura en las islas de Ibiza y Formentera, a través de un nuevo programa de alojamiento temporal en establecimientos turísticos que contará con el apoyo del Gobierno, mediante convenios con las consellerías de Salud y de Educación y Universidades, y que prevé el pago de hasta 400 euros mensuales a los empleados del personal mencionado para cubrir parte del coste de alojamiento; o la posibilidad de un cambio de uso de turístico a residencial para el aprovechamiento de terrenos vacantes para construir edificaciones de uso residencial comunitario, así como alojamientos con espacios comunes complementarios, destinadas a facilitar alojamiento al personal empleado y de dirección de la empresa turística en general, sin que se puedan destinar a otros usos diferentes.