El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado hoy por unanimidad una moción presentada por el Partido Popular en defensa del turno de oficio y del sistema de justicia gratuita en Mallorca. La iniciativa ha sido defendida por la consellera Maria Garrido, quien ha puesto en valor la labor de los casi 700 profesionales que atienden cada año a miles de personas sin recursos.

Durante el debate plenario, la consellera Garrido ha destacado que “este servicio garantiza el acceso real y efectivo a la tutela judicial para las personas más vulnerables, y es responsabilidad de las instituciones velar para que no se precaricen los derechos fundamentales”.

La sesión ha contado también con la intervención de la vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares (ICAIB), quien ha explicado de primera mano las graves carencias estructurales que sufre el servicio y el impacto de la nueva Ley 1/2025 sobre los procedimientos de oficio.

160 actuaciones diarias, a menudo sin apoyo institucional

Según datos del propio ICAIB, durante 2024 se realizaron más de 58.000 actuaciones, de las cuales 34.211 correspondieron a expedientes del turno de oficio y 24.320 a asistencias letradas a detenidos. La mayoría se concentran en Mallorca, con una media de 160 intervenciones diarias, muchas de ellas sin retribución digna ni cobertura legal adecuada.

Garrido ha advertido que “la nueva ley impulsada por el ministro Bolaños obliga a acudir a vías extrajudiciales (MASC) antes de presentar una demanda judicial, sin garantizar ninguna financiación ni compensación para las actuaciones de los abogados de oficio”. Esto ha provocado situaciones graves, como la paralización de procedimientos civiles delicados, como divorcios con menores, por la falta de cobertura legal y de servicios públicos de mediación.

Cuatro acuerdos concretos para garantizar el servicio

La moción aprobada recoge, entre otros, los siguientes acuerdos:

• Reconocimiento institucional a la labor de los profesionales del turno de oficio y su aportación al Estado de Derecho.
  
  
• Instar al Ministerio de Justicia a garantizar una dotación económica suficiente y estable, que cubra todas las actuaciones desde el primer momento, incluyendo el asesoramiento previo.
  
  
• Garantizar el acceso a los MASC sin coste para las personas beneficiarias de la justicia gratuita.
  
  
• Corregir el agravio comparativo entre comunidades autónomas y actualizar los baremos económicos, así como establecer uno específico para las nuevas exigencias derivadas de la Ley 1/2025.

“El Partido Popular continuará al lado de los profesionales del turno de oficio y defenderá una justicia eficaz, digna y accesible para todos”, ha concluido Maria Garrido.