El pleno aprueba la moción presentada por el Partido Popular, que también rechaza el reparto de menores de otras comunidades autónomas y reclama medidas urgentes al Gobierno central
El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado hoy la moción presentada por el Partido Popular para exigir la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Alfonso Rodríguez, ante su nula gestión y absoluto desprecio hacia las instituciones insulares en el contexto de la grave crisis humanitaria que sufre la isla.
Con esta aprobación, el Consell alza la voz institucionalmente para denunciar que Mallorca no puede seguir asumiendo en solitario la avalancha de llegadas de pateras, que han colapsado el sistema de atención a menores y ponen en riesgo la capacidad de respuesta de los servicios sociales.
El texto aprobado incluye también:
- El
rechazo al reparto impuesto de menores procedentes de otras comunidades autónomas, una decisión que, según el PP, “trata a los niños como mercancía”.
- El
apoyo al recurso interpuesto por el Gobierno de las Islas Baleares contra el acuerdo estatal sobre dicho reparto.
- La
reclamación urgente al presidente Pedro Sánchez para que active Frontex con el fin de controlar la llegada masiva de pateras a Baleares, la ruta migratoria que más crece de toda Europa.
La portavoz del PP en el Consell, Núria Riera, ha afirmado que “la situación es insostenible: cada dos horas llega una patera a nuestras costas, y el sistema de atención a menores está desbordado, con una ocupación del 1.150%. Ante esta realidad, no podemos continuar con el silencio cómplice de la Delegación del Gobierno”.
Riera ha recordado que actualmente el Consell atiende a 460 menores extranjeros no acompañados, dos de cada tres del sistema de protección. “No tenemos más espacios ni profesionales para atender con dignidad a estos jóvenes, mientras el Gobierno de España sigue sin aportar ni recursos ni soluciones”, ha remarcado.
Finalmente, el Partido Popular ha dejado claro que seguirá defendiendo a Mallorca ante una crisis que considera “sin precedentes”, e insta a todas las instituciones a poner fin a la improvisación y al abandono de responsabilidades por parte del Gobierno central.
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