El Partido Popular de Balears propone excluir del acceso a ayudas a la vivienda a los ‘okupas’ y por ello el Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) con la que propone que “se excluya como beneficiarios de programas y subvenciones a aquellas personas que hayan sido condenadas por ocupaciones ilegales de viviendas en la vía penal, civil o administrativa durante los cinco años anteriores a la solicitud”.

El portavoz del GPP, Toni Costa, señala en este sentido que, “desde el Partido Popular, llevamos más de 6 meses avisando de que la ocupación ilegal de viviendas en Balears constituía un problema de primera magnitud y hoy la Fiscalía confirma que detecta un incremento de un 73,9% de las okupaciones; la mayor subida de todas las comunidades autónomas. Cada día se okupan dos viviendas en las islas y este hecho pone en evidencia que no se puede mirar hacia otro lado como hace el Govern de Armengol con la ‘okupación’ porque este problema se enquistará y se agravará”.

Tal y como se detalla en la iniciativa, el Partido Popular propone que el Govern inste al Congreso a modificar las normas pertinentes para combatir la ‘okupacion’ y las mafias, “y garantizar que los legítimos propietarios de las viviendas ocupadas recuperen sus inmuebles en un plazo máximo de 24h”, además de que el Parlament inste al Govern a solicitar al Gobierno central que “de forma urgente, promueva los cambios legislativos correspondientes para que sólo se permita el empadronamiento a quienes demuestren que residen en una vivienda cumpliendo con el marco legal y sin vulnerar los derechos de otros ciudadanos como los del propietario del inmueble”.

La iniciativa de los populares promueve que el Parlament inste al Govern a que en las oficinas del Institut Balear de l’ Habitatge (IBAVI) se acojan y coordinen las acciones dirigidas a combatir la ‘okupación’ en todas las viviendas sean públicas o privadas.

Con todo, el GPP pretende que el Parlament manifieste su preocupación por el incremento de las ocupaciones ilegales de viviendas que afectan al conjunto de las Illes Balears y que, en definitiva, suponen un fracaso del marco jurídico regulador, generan inseguridad y agrava el problema del conjunto de la sociedad, así como que proponga al Ejecutivo de Armengol “hacer un llamamiento al cumplimiento de la Ley, al respecto propiedad privada, y en su caso a la adaptación de las leyes para que sean efectivas y eficaces a la hora de dar la seguridad jurídica necesaria para incentivar la puesta en alquiler del máximo de vivienda.