El PP Balears ha registrado hoy en el Parlament una proposición de ley para modificar la Ley de Protección de la Infancia, para impedir que condenados por acoso a menores puedan ejercer como docentes o cualquier otra profesión que tenga contacto con menores. El portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha defendido esta modificación para “garantizar la protección de la infancia” ante lo que ha considerado “una laguna en la ley nacional que ya ha provocado episodios en Balears como los que hemos visto este inicio de curso en Son Sardina”.

“Esta iniciativa nace del clamor de la comunidad educativa, especialmente de las familias, que desde hace meses reclaman mayor protección y garantías para los menores”, ha explicado Sagreras, señalando que “con la actual legislación la Conselleria de Educación y los centros educativos se encuentran con las manos atadas, en casos como este, donde la sentencia judicial no incluye la inhabilitación expresa del profesional condenado”.

El conseller de Educación solicitó la reforma al Gobierno

Sagreras ha recordado que, el conseller de Educación, Antoni Vera, ya remitió una carta a la ministra de Educación, Pilar Alegría, solicitando una modificación legislativa urgente que permitiera actuar en esa línea, pero que, sin embargo, la ministra respondió que, no se planteaba ninguna modificación legislativa para dar respuesta.

“Ante esta inacción del Gobierno de Sánchez, el PP Balears hemos decidido dar un paso al frente e impulsar una reforma propia que amplía el catálogo de delitos que impiden el acceso a profesiones, oficios y actividades con contacto habitual con menores, incorporando a los ya contemplados el acoso a menores”, ha explicado.

El objetivo de esta modificación es garantizar que las personas condenadas por delitos de acoso a menores no puedan desempeñar actividades que impliquen trato directo con menores, incluso en aquellos casos en que la sentencia no contemple la inhabilitación como pena accesoria.

En definitiva, “el PP Balears demuestra una vez más que está al lado de la gente, que escucha las preocupaciones de las familias y que actúa con responsabilidad y firmeza para reforzar la seguridad de los menores, mientras el Gobierno de Sánchez sigue mirando hacia otro lado y no adapta la normativa a las necesidades reales de protección de la infancia”, ha concluido Sagreras.