Los populares acusan al equipo de gobierno de convertir una oportunidad legal en un proceso inasumible para muchas familias

 El Partido Popular de Binissalem denuncia que las condiciones impuestas por el Ayuntamiento para legalizar construcciones en suelo rústico van mucho más allá de lo que establece la normativa autonómica, lo que supone un importante obstáculo económico para muchos vecinos del municipio. “El Parlament ha aprobado una ley que permite legalizar con un 10% de penalización, pero el Ayuntamiento ha decidido poner trabas añadidas que disparan el coste del proceso”, ha asegurado la portavoz del PP, Catalina Maria Mascaró.

Desde el PP consideran que esta actitud del consistorio no solo es injusta, sino que también demuestra una total falta de sensibilidad con las familias que quieren ponerse al día y regularizar su situación. “No entendemos cómo un Ayuntamiento que debería facilitar las cosas a sus vecinos opta por hacerlas más complicadas y caras. Es una oportunidad que se convierte en un castigo”, ha añadido Mascaró.



El grupo municipal popular exige al equipo de gobierno que rectifique y que alinee las exigencias municipales con los criterios marcados por el Govern balear. “Reclamamos sentido común y empatía. Si realmente se quiere fomentar la legalización, hay que dejar de asfixiar a la gente con exigencias inalcanzables”, ha concluido la portavoz.