El Partido Popular de Mallorca ha defendido hoy las medidas reales que está adoptando el Consell para afrontar los retos de movilidad y sostenibilidad en la isla. El portavoz adjunto, Bernat Vallori, ha recordado que el Consell ya ha llevado a cabo el estudio de carga que el anterior ejecutivo ni siquiera quiso autorizar, y que también se están mejorando las conexiones viarias, facilitando los accesos a Palma, promoviendo el transporte público e impulsando una ley pionera para limitar la entrada de vehículos a Mallorca. “Pedimos responsabilidad y, sobre todo, que no se pongan trabas a las soluciones valientes que sí estamos dispuestos a llevar adelante. La crítica es legítima, pero la hipocresía no ayuda”.

También ha denunciado la falta de rigor político y de seriedad de la oposición, a la que acusa de utilizar los plenos insulares para hacer ruido en lugar de construir propuestas útiles para la ciudadanía. Lamentan que la izquierda presente mociones largas, imposibles de debatir en profundidad, sin ninguna voluntad real de consenso.



Vallori ha sido claro durante su intervención ante los medios: “Nos encontramos con una oposición que presenta mociones de 23 puntos, imposibles de debatir, sin ninguna voluntad real de construir nada. No hacen política, hacen ruido”, ha denunciado. Vallori ha asegurado que la situación actual que vive Mallorca “no ha surgido de la nada, sino que es el resultado de ocho años de dejadez e inacción por parte del gobierno liderado por la señora Cladera, que ahora exige soluciones urgentes a los problemas que ella misma ignoró”.

En el marco del mismo pleno, el Grupo Popular defenderá una moción registrada la semana pasada sobre la pérdida de competencias de los jueces de paz, derivada de la reforma judicial aprobada por el Gobierno del Estado. La iniciativa pretende apoyar a esta figura esencial de la justicia de proximidad, ante la preocupación expresada por numerosos municipios.

Maria Garrido, consellera electa encargada de defender la propuesta, ha advertido: “Con la Ley Bolaños se desmantela la justicia de proximidad en los pueblos. No podemos permitir que los ciudadanos pierdan servicios esenciales que hasta ahora funcionaban con eficacia y humanidad”.