El Parlament de les Illes Balears ha aprobado la Proposición de Ley, registrada por el Grupo Parlamentario Popular, en materia de transparencia y control de los cargos públicos de las Illes Balears mediante la que se recupera, como unidad dependiente de la Cámara balear, el Registro de intereses y actividades y el Registro de patrimonio de los miembros del Govern y de los cargos públicos de la comunidad autónoma además de eliminar la Oficina Anticorrupción. “Eliminamos un ente completamente politizado creado y usado como máquina de barro al servicio de los intereses del PSOE”, ha explicado el diputado popular, Mauricio Rovira.

Así, Rovira ha recordado durante su intervención en la toma de consideración de la Proposición de Ley que “el PP desde el primer día de su creación ha denunciado la duplicidad que representa esta oficina” y ha censurado “las filtraciones interesadas de expedientes con el único objetivo de difamar a miembros del Partido Popular, no se puede consentir que el dinero público sirva como arma para perseguir a partidospolíticos”.

El Partido Popular “siempre hemos estado a favor del buen gobierno y de la transparencia, pero no vamos a tolerar que haya un órgano encargado de difamar y difundir las acusaciones”, ha expuesto Rovira y ha denunciado que el hasta ahora director de la OAIB, Tòfol Milán, “ha apurado prestando sus últimos servicios al PSOE con las acusaciones contra el director general de Emergencias, obviando los informes técnicos y jurídicos aportados por el Ayuntamiento de Campos, sobre una actuación que contó incluso en pleno con el voto favorable de la coalición Adelante, de la cual forma parte el PSOE”.

La Proposición de Ley establece la obligatoriedad de todos los cargos a seguir presentando sus declaraciones de bienes, de renta y de incompatibilidades y la Policía, Fiscalía y los órganos judiciales seguirán teniendo acceso a ellas.

La Oficina Anticorrupción “se creó con un presupuesto anual inicial de 500.000 euros y ahora alcanza los 1,5 millones de euros que prácticamente se destinan en su totalidad a los sueldos de los altos cargos como el director que cobra 95.000 euros al año”. Además, “no podemos obviar que la Oficina Anticorrupción tiene duplicidad de funciones”, ha recordado Rovira.

“Este organismo acomete funciones que ya ejercen la Sindicatura de Cuentas, la Intervención General o la Fiscalía” ha señalado el diputado popular y ha recordado que en cuanto a los expedientes que permanecen abiertos en tramitación, “van a pasar a la Inspección General de Servicios adscrita a la dirección general de Función Pública que se encargará de remitirlos a los órganos competentes”.