El Parlament de les Illes Balears ha convalidado el decreto ley 5/2025 con el que el Govern transfiere 34’4 millones a Palma, Eivissa, Reserva de la Biosfera de Menorca y Formentera. La diputada del Partido Popular en la Cámara balear, Cristina Gil, ha expresado durante su intervención que “supone un punto de inflexión en la política territorial de nuestra comunidad y corrige los agravios y el abandono institucional que han sufrido Palma, Eivissa, Menorca y Formentera durante los ocho años de gobiernos de izquierda”.

Así, Gil ha manifestado que “el Govern de Marga Prohens demuestra una vez más que su compromiso con las islas es firme, serio y con dotación presupuestaria real” y ha celebrado que “frente a las promesas vacías del Pacte, hoy hablamos de cifras concretas, de leyes modificadas y de soluciones efectivas”.

El nuevo Decreto establece, entre otras medidas, una financiación mínima anual de 33 millones de euros para políticas de capitalidad en Palma y Eivissa, para el Consell de Menorca en el marco de Reserva de la Biosfera, y para el transporte de residuos de Formentera a Eivissa. Además, se reconocen y se transfieren 50 millones de euros al Ayuntamiento de Palma correspondientes a las anualidades de 2024 y 2025.

“Con este decreto, la capitalidad de Palma deja de ser un eslogan vacío y se convierte en una realidad presupuestada y garantizada” ha destacado la popular y ha remarcado que “hablamos de 25 millones anuales consolidados por ley, más el 16 % de inversión territorializada que el Pacte se cansó de anunciar, pero nunca garantizó”.

Asimismo, la normativa modifica también las leyes de capitalidad de Eivissa y de Menorca Reserva de la Biosfera, asegurando transferencias mínimas de 4 millones de euros anuales para cada isla. “Con hechos, el PP vuelve a poner en el centro a todos los territorios y garantiza una financiación estable que durante años fue negada por sectarismo ideológico”, ha añadido Gil.

La diputada ha puesto en valor la inclusión del transporte de residuos desde Formentera a Eivissa como una competencia cofinanciable por el Govern, “una medida largamente reclamada y sistemáticamente ignorada por los gobiernos anteriores, que ahora se desbloquea con decisión política”.

En el ámbito de función pública, Gil ha defendido las reformas introducidas en el decreto, como la prórroga del plazo para acreditar el nivel de catalán del personal estabilizado y la adecuación del requisito lingüístico para celadores y otras categorías del IBSalut y ha afirmado que “este Govern no va contra el catalán, va contra el absurdo. Apostamos por la coherencia y por garantizar la atención ciudadana sin dogmatismos lingüísticos”.

Cristina Gil ha concluido asegurando que “el PP cumple su palabra: gobierna para todos, resuelve los problemas reales y construye una autonomía útil. El Govern de Marga Prohens pone orden donde había caos, equidad donde había favoritismos, y seriedad donde solo hubo propaganda”.