El PP Balears ha hecho valer hoy su mayoría en el Parlament para aprobar una nueva regulación que pone fin al vacío legal en torno a las fiestas ilegales en viviendas turísticas, una problemática que afecta directamente a la convivencia ciudadana y que había sido ignorada por los anteriores gobiernos de izquierda. Durante su intervención en el Pleno, la diputada popular, Salomé Cabrera, ha afirmado que “hoy el Parlament ha aprobado una ley que protege el descanso de los vecinos, da seguridad jurídica a los buenos propietarios y pone fin a la impunidad de quienes organizan fiestas ilegales”.

La ley aprobada obliga a los propietarios de viviendas de uso turístico a incluir contractualmente la prohibición de realizar fiestas, y establece sanciones de hasta 500.000 euros cuando se demuestre que el propietario era conocedor y permitió conscientemente dicha actividad. “Los vecinos necesitan soluciones, no excusas. Y esta ley marca una diferencia clara entre quien incumple y quien actúa con responsabilidad”, ha remarcado Cabrera.

Cabrera ha recordado que “durante ocho años, el anterior Govern de izquierdas ignoró esta problemática y es sorprendente ver hoy tanta preocupación por la convivencia vecinal por parte de quienes, cuando gobernaban, miraban hacia otro lado”. Con esta norma, “el Govern de Marga Prohens y el Grupo Parlamentario Popular demuestran, una vez más, que la lucha contra los abusos en el sector turístico no se hace con eslóganes, sino con hechos y con normas claras”, ha señalado la diputada popular.

La ley prevé que, si el propietario cumple con la obligación contractual y no tiene conocimiento de la celebración de una fiesta ilegal, la responsabilidad recaerá exclusivamente sobre los organizadores de la actividad. “No se puede criminalizar una actividad legal ni cargar con responsabilidades a quienes hacen las cosas bien. Esta ley distingue, como debe ser, entre responsabilidades reales y suposiciones arbitrarias”, ha defendido Cabrera.

La iniciativa complementa otras medidas impulsadas por el Govern, como el Decreto Ley 4/2025, que amplía la responsabilidad también a los arrendatarios, y se enmarca en la estrategia del PP de garantizar una oferta turística de calidad, compatible con el bienestar de los residentes.

“Hoy damos un paso firme en defensa del civismo, la seguridad y la buena convivencia. Esta es la política valiente que los ciudadanos esperan del Partido Popular”, ha concluido Salomé Cabrera.