El portavoz del PP Balears, Jaume Ferriol, ha hecho hoy balance del proceso de regularización masiva aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha señalado que se ha confirmado el efecto llamada que los populares advirtieron que tendría este proceso, cuando el Ejecutivo central aprobó el real decreto.

Así, Ferriol ha recordado que, en aquel momento, el PP Balears ya alertó de que la medida provocaría un incremento sin precedentes de la llegada de inmigrantes irregulares a las Islas. "Dijimos que esta regularización masiva e indiscriminada supondría un efecto llamada sin precedentes, y por desgracia los hechos nos han dado la razón", ha afirmado.

En este sentido, el portavoz popular ha señalado que desde la aprobación del decreto, “las llegadas se han incrementado”, lo que confirma la tendencia "creciente y sostenida" que ya denunciaban los populares antes de la regularización.

"El problema no era solo lo que estaba pasando entonces, sino el mensaje que se enviaba", ha reiterado Ferriol, quien ha subrayado que la regularización "masiva e indiscriminada" ha reforzado el negocio de las mafias y ha trasladado la idea de que la entrada irregular "tiene premio", tal y como advertía el PP Balears.

Por todo ello, desde el PP Balears han reiterado su exigencia de una política migratoria basada en la planificación y la coordinación con las comunidades autónomas, el refuerzo de las vías legales y ordenadas de inmigración, más recursos para los servicios de Extranjería para una inmigración ordenada y legal, una lucha más eficaz contra las mafias y la adaptación de las políticas de acogida a la capacidad real de cada territorio.

"Los datos confirman lo que dijimos: no se pueden adoptar decisiones que solo agravan el problema. Hace falta responsabilidad y rigor", ha añadido Ferriol, quien ha insistido en que Balears "no puede seguir pagando las consecuencias de decisiones unilaterales que ignoran nuestra realidad".

Por último, Ferriol ha recordado que el Govern de les Illes Balears interpuso un recurso contra el decreto, reiterando que los hechos "avalan" la decisión adoptada por el Ejecutivo autonómico.