Convenio de carreteras Mallorca

En el marco de la moción del PP sobre el convenio de financiación entre el Gobierno del Estado y el Consell de Mallorca, la senadora María Salom ha destacado la reclamación de los convenios para las islas. “El Gobierno de España está cometiendo una injusticia”, ha asegurado, y ha destacado la iniciativa en este sentido del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, priorizando el interés de los mallorquines. “Ha logrado consensuar con la mayoría de grupos políticos un documento con las principales necesidades viarias de la isla. Ha hablado con alcaldes, se ha reunido con los técnicos de carreteras y ha pactado con la mayoría de partidos las obras necesarias para mejorar la circulación con el apoyo de PP, Vox, El Pi y MÉS”.

Salom ha asegurado que los ocho años de gobierno de la socialista Francina Armengol en Baleares supusieron “un importante incremento de población y de plazas turísticas, con más de 200.000 personas”, sin que se planificaran las infraestructuras necesarias para dar servicio a quienes viven o visitan las islas. Salom ha denunciado que durante ese periodo “no se mejoraron las depuradoras, las desaladoras, las carreteras, los hospitales, los colegios, los servicios sociales o la seguridad”, dejando “una herencia envenenada” con unos servicios públicos de menor calidad y una Mallorca marcada por “la saturación y los atascos en las carreteras”.

La dirigente popular ha recordado que en 2007 se firmó un convenio de carreteras entre el Ministerio de Fomento y el Consell de Mallorca para financiar mejoras en la red viaria, con vigencia hasta 2022, pero que “por sorpresa, Francina Armengol y Pedro Sánchez decidieron liquidar este convenio”, dejando pendientes de ejecución 230 millones de euros. Según Salom, “los socialistas jugaron sucio diciendo que este dinero se recibiría a través del fondo de insularidad y esto ha sido falso”. Asimismo, ha defendido que el convenio de carreteras debe ser compatible con el factor de insularidad, tal y como ocurre en Canarias, y se ha preguntado “por qué finiquitan el convenio de carreteras en Mallorca y no en Canarias”. María Salom también ha destacado el trabajo realizado por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para mejorar la movilidad y la seguridad vial en la isla. Según ha explicado, Galmés “no quiere grandes infraestructuras, pero sí mejorar la fluidez, modernizar la red y aumentar la seguridad”, motivo por el que ha mantenido reuniones con alcaldes, técnicos y partidos políticos para consensuar actuaciones prioritarias.

La moción ha contado con el voto a favor de todos los grupos, excepto el PSOE, que se ha abstenido. 

Moción relativa a la regularización de personas migrantes

El diputado Joan Mesquida ha criticado duramente la moción presentada por el PSOE sobre inmigración, asegurando que responde a una política “buenista” basada en exigir coordinación a las comunidades autónomas mientras el Gobierno de Pedro Sánchez “ha dado la espalda al problema de la inmigración irregular”. Mesquida ha denunciado que la falta de actuación del Ejecutivo central ha provocado un “efecto llamada que beneficia a las mafias que trafican con personas, poniendo como ejemplo la consolidación de la ruta ArgeliaBaleares y el aumento récord de llegadas irregulares a las costas de las islas durante los últimos años”.

Asimismo, el parlamentario ha rechazado la regularización masiva impulsada por el Gobierno central, advirtiendo de que puede superar el millón de personas y que se ha aprobado “sin consenso y desoyendo las advertencias” de comunidades autónomas, ayuntamientos y del propio Congreso. Mesquida ha defendido que “cualquier regularización debe ir vinculada a un contrato de trabajo y a la capacidad real de los servicios públicos, y ha acusado al PSOE de aplicar una política de puertas abiertas que genera caos, saturación y división social”. Por ello, ha anunciado el voto en contra de la iniciativa, reclamando políticas migratorias “responsables, ordenadas y coordinadas”.

Moción servicios aeroportuarios

El senador Cristóbal Marqués ha trasladado la necesidad de que tanto el Govern como los consells y ayuntamientos participen en las decisiones que afectan directamente a sus territorios: “esto es especialmente importante en Balears, donde los aeropuertos no son una infraestructura más sino una pieza absolutamente esencial para nuestra movilidad, nuestra economía y cohesión territorial”. 

“AENA debe consensuar mucho más sus decisiones con las instituciones autonómicas e insulares y debe hacerlo en materia de inversiones, planificación y estrategia. No tiene sentido que, por un lado, las instituciones baleares estén hablando de límites, sostenibilidad o contención en temporada alta y, por otro, AENA tome determinadas decisiones sin coordinación con el Govern balear o los consells insulares. Y seguramente el ejemplo más claro y preocupante lo tenemos hoy el anuncio de AENA, de ampliar el Aeropuerto de Ibiza, sin ningún consenso”.

Moción relativa a la cultura balear

Por su parte, en el marco de una iniciativa sobre cultura balear, Carlos Simarro ha reafirmado el compromiso del PP con una España unida, plural y constitucional, defendiendo la convivencia entre culturas y lenguas desde el respeto, la moderación y el consenso. El popular ha reivindicado la compatibilidad entre sentirse profundamente balear y profundamente español, rechazando tanto el sectarismo como los intentos de división territorial. Asimismo, ha apostado por unas políticas educativas y culturales alejadas del adoctrinamiento ideológico y centradas en la libertad, el conocimiento y la resolución de los problemas reales de los ciudadanos, como la vivienda, el agua, la movilidad y la protección de los servicios públicos.