El presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que pretende aprobar definitivamente el gobierno de ultraizquierda del alcalde Hila “es el plan del exprópiese y del pelotazo” después de haber estudiado el documento, ahora en fase de exposición pública, para poder formular las correspondientes alegaciones que la formación ha registrado en la mañana de hoy.

En una rueda de prensa ofrecida este mediodía, el líder de los populares palmesanos ha anunciado el “rotundo rechazo” al PGOU del gobierno de Hila, “la decisión más importante que ha tomado Hila en los 7 años que ha desgobernado Palma” y ha considerado “absolutamente desesperanzador que 25 años después del último Plan General se quiera tramitar el futuro de la ciudad de Palma sin consenso, sin participación, sin transparencia y queriendo aplicar rodillo a la sociedad palmesana”.

Así, ha apuntado que el urbanismo “está para las personas y este plan no solo se olvida de ellas sino que además va contra ellas” y ha añadido que el PGOU “que debería servir para la defensa del interés y de la propiedad privada es, en realidad, un ataque a la propiedad privada y al interés general”.

En su intervención, Jaime Martínez ha destacado que la tramitación del nuevo PGOU “no se ajusta a la ley” y presenta “incongruencias” con el Plan Territorial de Mallorca aprobado inicialmente el pasado mes de diciembre, además de haber pasado su primer trámite en el Pleno municipal “sin informes técnicos de los funcionarios de las distintas áreas de ayuntamiento que den por buena la información externalizada y que ha costado más de un millón de euros”.

Ha alertado además, que el nuevo PGOU carece de un estudio financiero solvente ya que “los valores utilizados son erróneos, no se hace una previsión presupuestaria para el 40% de las actuaciones previstas y no se incluye una previsión para posibles indemnizaciones”.

Además, ha mostrado su preocupación por la falta de seguridad del documento aprobado inicialmente por Cort y ha citado, como ejemplos, que la versión en castellano y en catalán del PGOU “no coinciden” y presentan “diferencias y errores” que supondrán un problema a la hora de su aplicación ya que los técnicos responsables de su aplicación deberían elegir entre uno u otro.

Por otra parte, ha lamentado que el gobierno de Hila “ha perdido una oportunidad histórica para simplificar el PGOU de Palma” incorporando nuevos artículos y normas que dificultan su comprensión y aplicación. Además, ha dicho, “no resuelve ni los problemas futuros ni las urgencias del presente” como la falta de vivienda asequible ya que “no hace viable el desarrollo de VPO a corto y medio plazo” y da pie a posibles “pelotazos urbanísticos” como el que la semana pasada abortó en el último momento el equipo de gobierno tras la denuncia efectuada por un medio de comunicación local.

Tampoco incluye actuaciones tendentes a la rehabilitación real y urgente de barrios donde poder reincorporar vivienda asequible al mercado de alquiler de larga duración, se olvida de la rehabilitación de Camp Redó y zonas degradadas de Palma y no contempla el “microurbanismo” como vía para aumentar la posibilidad de nueva vivienda adaptando las construcciones a las alturas y volumetrías existentes en la ciudad.

Jaime Martínez ha criticado también que el nuevo PGOU “se olvida de zonas como Playa de Palma o Cala Major” por lo que “da la impresión como si el turismo y la actividad turística no existieran para definir el modelo de ciudad”. Ha añadido que el PGOU acentúa los problemas de movilidad, no identifica grandes equipamientos e infraestructuras necesarias para la Palma de los próximos 20 años, no resuelve el problema urgente de la desertización de las plantas bajas de la zona del Ensanche y supone una amenaza que “conllevará la desaparición de los mercados municipales y el cierre paulatino del comercio de proximidad en el centro”.

Por todo ello ha sentenciado que un PGOU que “paraliza la inversión, genera inseguridad jurídica, pospone el problema de la vivienda a 10 años vista, genera caos en la movilidad, expulsa de la ciudad al comercio de proximidad y a los mercados es un mal plan para los ciudadanos, para los profesionales, para los funcionarios del ayuntamiento y para el conjunto de la ciudad”.