El portavoz del PP Balears en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha destacado en la rueda de prensa previa a la sesión plenaria de los martes, que “Sánchez debe tomar nota de Marga Prohens y también actualizar el plus de insularidad a los funcionarios del Estado en Balears” haciendo mención a la iniciativa del Grupo Popular en la Cámara balear que se debate mañana para “seguir reivindicando la necesidad de captar y fidelizar personal para las plazas vacantes a Policía Nacional, a Guardia Civil, funcionarios de Justicia, de Prisiones o de la Seguridad Social dado que la falta de personal repercute negativamente a los ciudadanos”. 

Así, Sagreras ha señalado que “de esta manera, los trabajadores de la Administración General del Estado que prestan sus servicios en Balears se les garantizará la igualdad retributiva entre los trabajadores del sector público estatal con independencia de la región y de la administración territorial en la que presten sus servicios”. “Pedimos que se compense de modo real, justo y efectivo los gastos derivados de la insularidad y que cese el agravio que la falta de equiparación ocasiona tanto en comparación con los funcionarios estatales en Canarias como con los empleados de la administración autonómica”, ha manifestado Sagreras. 

MOCIONES TURISMO

En el Pleno de este martes, “tocará hablar mucho de turismo para defender la realidad ante las mentiras y manipulaciones del PSOE” ha explicado el portavoz popular mientras que ha recordado que “vemos como el partido socialista ha presentado una moción plagada de mentiras en la que intentan hacer creer que las 115.000 plazas que aumentaron no son cosa suya y que el decreto del Govern aumenta plazas, cuando no aumenta ni una” y ha pedido responsabilidad para “poner límites a la oferta turística por primera vez en estas islas”.

“Este decreto no solamente no crea ni una plaza, sino que prohíbe nuevas plazas en plurifamiliares, permite reconvertir oferta obsoleta en viviendas a precio limitado para residentes y trabajadores, pone más medios para luchar contra la oferta ilegal con sanciones de hasta 500.000 euros y permite planes de modernización de establecimientos en zonas saturadas y de reconversión que vayan a declarar los consells insulars”, ha concluido Sagreras.