El Grupo Parlamentario Popular ha propuesto al resto de grupos introducir una nueva modificación a la proposición de ley en tramitación parlamentaria relativa al sector del taxi y los vehículos de turismo con conductor (VTC) para evitar la posible llegada de VTC durante la temporada alta en las Islas Baleares, provenientes de otras comunidades autónomas, con solicitudes actualmente en vía judicial y que se podrían ver beneficiadas de los efectos derivados de la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

Tal como ya anunció el Gobierno de Balears el pasado viernes, desde la Consellería de Vivienda, Territorio y Movilidad ya se ha trasladado al Gobierno de España la necesidad de adoptar medidas estatales para evitar la posible llegada de VTC con autorizaciones concedidas en otras comunidades, y a su vez se ha trabajado en una propuesta de transacción en las enmiendas a la ley autonómica en tramitación parlamentaria.

De este modo, Balears sería la primera comunidad que adopta esta medida como consecuencia de la nueva sentencia del Tribunal Supremo. El territorio es limitado, y es indispensable hacer un análisis de nuestro territorio para regular y ordenar autorizaciones y servicios de taxi y de VTC, tanto de las propias como las que pueden venir otras comunidades autónomas con autorización nacional.

El Grupo Parlamentario Popular ha planteado esta propuesta tanto a los otros grupos parlamentarios como al sector del taxi, a partir del análisis de la sentencia del Tribunal Supremo, para aprobar una transacción en las enmiendas presentadas para suspender la realización de servicios de VTC en las Islas Baleares con autorizaciones expedidas en otras comunidades autónomas.

Durante la tramitación parlamentaria, los grupos del PP y Vox presentaron un paquete de enmiendas que tienen como objetivo mejorar el servicio de taxi y su competitividad, garantizando el servicio en todas las zonas y franjas horarias, y regular las autorizaciones de los VTC, desde el respecto a la libertad de empresa y con unas limitaciones. La regulación de autorizaciones de los VTC es indispensable para evitar un avalancha de nuevas licencias de este tipo en Balears, teniendo en cuenta que durante el 2023, ante la posibilidad de cambios legislativos derivada de varias sentencias judiciales, se han presentado más de 10.000 solicitudes de nuevas autorizaciones de VTC.

Entre otros de otras medidas, en las enmiendas presentadas por PP y Vox, se incluye la suspensión temporal de concesión de nuevas licencias de taxi y de VTC en las Baleares hasta que no se apruebe un decreto que establezca los criterios para su concesión, basados en la mejora de la calidad del aire, la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, tal como marcó el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y como ahora ha ratificado el Tribunal Supremo.

En la nueva sentencia, el Supremo estima un recurso contra la denegación de 1.000 licencias VTC que adoptó la Comunidad de Madrid aplicando la limitación estatal de una licencia de VTC por cada 30 de taxi. La resolución va en línea con la sentencia del TJUE que también cuestiona la limitación de la ratio 1/30 fijada en España en la normativa estatal aprobada en 2018.

La sentencia del Supremo aclara que anular la denegación no supone la concesión de las 1.000 licencias, sino que ordena que las solicitudes tengan que ser tramitadas nuevamente y que la administración tenga que resolver en base a la normativa aplicable en el momento en que se hizo la solicitud, sin poder aplicar la limitación 1/30 fijada por el Gobierno central. Se trata de autorizaciones solicitadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto estatal del año 2018, la llamada Ley Ábalos, cuando las solicitudes de VTC eran nacionales, y no se limitaba el inicio del recorrido en la comunidad autónoma donde estaban domiciliadas.

Los efectos de la sentencia podrían posibilitar que las solicitudes de autorizaciones de VTC que se encuentran en vía judicial en España, puedan realizar un 20% de sus servicios en otras comunidades, entre ellas Baleares, tanto en trayectos urbanos como interurbanos. Es por eso que el PP ha propuesto una nueva modificación en la negociación de las enmiendas y que el Gobierno de Balears ha reclamado la adopción de medidas estatales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

A pesar de se trata de una sentencia relativa a otra comunidad, el Gobierno ha alertado que la resolución del Supremo puede tener efectos en Balears y al conjunto de España, especialmente en el caso de un territorio limitado como las Islas y durante la temporada alta, por el impacto de una llegada de VTC en la frecuente congestión del tráfico durante el verano. Por eso, el Gobierno ya manifestó que tomará todas las medidas posibles dentro de sus competencias para regular de forma equilibrada el servicio del taxi y los VTC, y evitar un avalancha de autorizaciones de VTC no asumible en el territorio insular.