El Grupo Parlamentario Popular ha registrado un paquete de enmiendas a la proposición de ley de transparencia con el objetivo de mejorar el control a los cargos públicos de Balears y la independencia del Registro de intereses y actividades y el Registro de patrimonio de los miembros del Govern y de los cargos públicos de la comunidad autónoma.

El diputado popular, Mauricio Rovira, ha señalado que “el articulado elimina la Oficina Anticorrupción, un ente completamente politizado creado y usado como máquina de barro al servicio de los intereses del PSOE”.

El Partido Popular “siempre hemos estado a favor del buen gobierno y de la transparencia, por ello enmendamos el texto para que los altos cargos debrán presentar una declaración de actividades de dos años antes de ser cargo público” además “el nuevo registro dependerá del Parlament y todos los expedientes actuales serán resueltos por el órgano más adecuado”, ha expuesto Rovira.

El texto establece la obligatoriedad de todos los cargos a seguir presentando sus declaraciones de bienes, de renta y de incompatibilidades y la Policía, Fiscalía y los órganos judiciales seguirán teniendo acceso a ellas.

La Oficina Anticorrupción “se creó con un presupuesto anual inicial de 500.000 euros y ahora alcanza los 1,5 millones de euros que prácticamente se destinan en su totalidad a los sueldos de los altos cargos como el director que cobra 95.000 euros al año”. Además, “no podemos obviar que la Oficina Anticorrupción tiene duplicidad de funciones”, ha recordado Rovira.



“Este organismo acomete funciones que ya ejercen la Sindicatura de Cuentas, la Intervenció

n General o la Fiscalía” ha señalado el diputado popular y ha recordado que en cuanto a los expedientes que permanecen abiertos en tramitación, “van a pasar a la Inspección General de Servicios adscrita a la dirección general de Función Pública que se encargará de remitirlos a los órganos competentes”.