El PP de Mallorca defiende las funciones de los Juzgados de Paz ante la entrada en vigor de la Ley “Bolaños”
6 de junio de 2025

Los populares reclaman al Gobierno de España que reconsidere esta nueva Ley, ya que con ella los Juzgados de Paz pierden competencias clave, como la gestión del Registro Civil o la celebración de matrimonios.

El Grupo Popular en el Consell de Mallorca ha presentado una moción para instar al Gobierno de España a reconsiderar la entrada en vigor de la ley socialista de Bolaños, con la que los juzgados de paz en Mallorca pierden competencias clave, como la gestión del Registro Civil o la celebración de matrimonios.


“La transformación de los actuales Juzgados de Paz en Oficinas Municipales de Justicia, tal como prevé la norma, está amenazando el principio de proximidad que ha caracterizado la justicia en nuestros pueblos”, ha explicado la portavoz popular, Núria Riera. Con esta moción esperan que el gobierno central reconsidere la reforma y pueda garantizar que los servicios esenciales se sigan prestando desde los municipios, con jueces de paz formados y con los recursos adecuados.


Por su parte, la consellera electa que defiende la moción, Maria Garrido, ha destacado que “no tiene ningún sentido sobrecargar con más funciones a los equipos de gobierno municipales y saturar los ayuntamientos como se pretende con esta ley, y tampoco podemos permitir que los ciudadanos pierdan servicios esenciales que hasta ahora habían funcionado bien”.


Por ello, el Grupo Popular insta al Gobierno de España a:


1.  Reconsiderar los aspectos más lesivos de la Ley 1/2025, especialmente los que afectan al Registro Civil y a la celebración de matrimonios.



2.  Dotar de recursos humanos y materiales suficientes a estas oficinas y poner en marcha un plan de formación específico para los jueces y juezas de paz.


3.  Impulsar la digitalización integral del Registro Civil.


Riera ha concluido que “defendemos una justicia cercana, humana y accesible al servicio de la ciudadanía. Los juzgados de paz son una parte fundamental de este modelo y no podemos permitir que desaparezcan”.

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Salom ha asegurado que los ocho años de gobierno de la socialista Francina Armengol en Baleares supusieron “un importante incremento de población y de plazas turísticas, con más de 200.000 personas”, sin que se planificaran las infraestructuras necesarias para dar servicio a quienes viven o visitan las islas. Salom ha denunciado que durante ese periodo “no se mejoraron las depuradoras, las desaladoras, las carreteras, los hospitales, los colegios, los servicios sociales o la seguridad”, dejando “una herencia envenenada” con unos servicios públicos de menor calidad y una Mallorca marcada por “la saturación y los atascos en las carreteras”. La dirigente popular ha recordado que en 2007 se firmó un convenio de carreteras entre el Ministerio de Fomento y el Consell de Mallorca para financiar mejoras en la red viaria, con vigencia hasta 2022, pero que “por sorpresa, Francina Armengol y Pedro Sánchez decidieron liquidar este convenio”, dejando pendientes de ejecución 230 millones de euros. Según Salom, “los socialistas jugaron sucio diciendo que este dinero se recibiría a través del fondo de insularidad y esto ha sido falso”. Asimismo, ha defendido que el convenio de carreteras debe ser compatible con el factor de insularidad, tal y como ocurre en Canarias, y se ha preguntado “por qué finiquitan el convenio de carreteras en Mallorca y no en Canarias”. María Salom también ha destacado el trabajo realizado por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para mejorar la movilidad y la seguridad vial en la isla. Según ha explicado, Galmés “no quiere grandes infraestructuras, pero sí mejorar la fluidez, modernizar la red y aumentar la seguridad”, motivo por el que ha mantenido reuniones con alcaldes, técnicos y partidos políticos para consensuar actuaciones prioritarias. La moción ha contado con el voto a favor de todos los grupos, excepto el PSOE, que se ha abstenido. Moción relativa a la regularización de personas migrantes El diputado Joan Mesquida ha criticado duramente la moción presentada por el PSOE sobre inmigración, asegurando que responde a una política “buenista” basada en exigir coordinación a las comunidades autónomas mientras el Gobierno de Pedro Sánchez “ha dado la espalda al problema de la inmigración irregular”. Mesquida ha denunciado que la falta de actuación del Ejecutivo central ha provocado un “efecto llamada que beneficia a las mafias que trafican con personas, poniendo como ejemplo la consolidación de la ruta ArgeliaBaleares y el aumento récord de llegadas irregulares a las costas de las islas durante los últimos años”. Asimismo, el parlamentario ha rechazado la regularización masiva impulsada por el Gobierno central, advirtiendo de que puede superar el millón de personas y que se ha aprobado “sin consenso y desoyendo las advertencias” de comunidades autónomas, ayuntamientos y del propio Congreso. Mesquida ha defendido que “cualquier regularización debe ir vinculada a un contrato de trabajo y a la capacidad real de los servicios públicos, y ha acusado al PSOE de aplicar una política de puertas abiertas que genera caos, saturación y división social”. Por ello, ha anunciado el voto en contra de la iniciativa, reclamando políticas migratorias “responsables, ordenadas y coordinadas”. Moción servicios aeroportuarios El senador Cristóbal Marqués ha trasladado la necesidad de que tanto el Govern como los consells y ayuntamientos participen en las decisiones que afectan directamente a sus territorios: “esto es especialmente importante en Balears, donde los aeropuertos no son una infraestructura más sino una pieza absolutamente esencial para nuestra movilidad, nuestra economía y cohesión territorial”. “AENA debe consensuar mucho más sus decisiones con las instituciones autonómicas e insulares y debe hacerlo en materia de inversiones, planificación y estrategia. No tiene sentido que, por un lado, las instituciones baleares estén hablando de límites, sostenibilidad o contención en temporada alta y, por otro, AENA tome determinadas decisiones sin coordinación con el Govern balear o los consells insulares. Y seguramente el ejemplo más claro y preocupante lo tenemos hoy el anuncio de AENA, de ampliar el Aeropuerto de Ibiza, sin ningún consenso”. Moción relativa a la cultura balear Por su parte, en el marco de una iniciativa sobre cultura balear, Carlos Simarro ha reafirmado el compromiso del PP con una España unida, plural y constitucional, defendiendo la convivencia entre culturas y lenguas desde el respeto, la moderación y el consenso. El popular ha reivindicado la compatibilidad entre sentirse profundamente balear y profundamente español, rechazando tanto el sectarismo como los intentos de división territorial. 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