El PP consigue la unanimidad en el Parlament para instar al próximo Gobierno a incluir la insularidad digna en los PGE para 2024
3 de octubre de 2023
  • Cristina Gil: “Los funcionarios del Estado en Balears necesitan una insularidad digna que compense los gastos derivados de la insularidad adaptados al coste real de la vida”

El Partido Popular de las Illes Balears en el Parlament ha conseguido la unanimidad en la Cámara para aprobar una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al próximo Gobierno a hacer efectiva una insularidad digna para que los funcionarios de la Administración General del Estado “puedan percibir una compensación de los gastos derivados de la insularidad adaptados al coste real de la vida incorporándose de forma justa y efectiva en los próximos Presupuestos Generales del Estado” ha señalado la diputada popular, Cristina Gil.


Así, Gil ha explicado que “esta medida debe ir en paralelo a la estrategia del Govern de Marga Prohens de captación y fidelización para lograr que Balears se convierta en un destino de servicio atractivo y que estimule la total y permanente cobertura de las plazas de empleados públicos de la Administración del Estado”.


“Balears necesita una insularidad digna, hay que conseguir que los funcionarios del Estado no pierdan poder adquisitivo por el simple hecho de ser destinados a Balears, es necesario aumentar el complemento retributivo de estos trabajadores” porque “de lo contrario, se está traduciendo en una clara infradotación de empleados públicos, una mayor carga de trabajo y una peor atención a los ciudadanos”, ha añadido Gil.


“Hay 8.000 funcionarios cuya indemnización por residencia no se ajusta al actual nivel de vida y eso tiene como consecuencia que las vacantes repercuten en los servicios, con falta de seguridad”, ha recordado Gil.


“Nuestra comunidad autónoma debe resultar atractiva en las mismas condiciones que otros territorios que no padecen los perniciosos efectos de la insularidad cuando no es compensada”, ha expuesto la popular.


Por último, “el Gobierno de España debe realizar un estudio económico sobre los costes reales originados a los empleados del sector público estatal que despliegan sus funciones en Balears con el objetivo de actualizar la indemnización por residencia para ajustarla a la realidad”. 

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