- Los populares reclaman al Gobierno de Sánchez más jueces, funcionarios y órganos judiciales para garantizar un servicio digno a los ciudadanos
- ·Cristina Gil: “Cambiar la organización sin aumentar los recursos necesarios es puro maquillaje”
El PP Balears en el Parlament ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de España a reconocer el fracaso en la implantación de la Ley de Eficiencia y el grave deterioro que está provocando en el servicio público de la Justicia en Balears. “La supuesta eficiencia ha desembocado en desorganización, improvisación y más retrasos para ciudadanos y profesionales”, ha denunciado la diputada popular, Cristina Gil.
Así, Gil ha señalado que la implantación de los Tribunales de Instancia se está realizando sin planificación ni previsión, tal como han advertido los sindicatos y operadores jurídicos, con juzgados colapsados, interrupciones de la atención al público y serias dudas sobre la seguridad de documentación judicial sensible. “No se puede reformar la Justicia a coste cero y a espaldas de quienes la sostienen”, ha afirmado.
La diputada popular ha recordado que los juzgados de Palma trabajan al 170% de su capacidad, según el juez decano, y que tanto en Mallorca como en Eivissa los responsables judiciales coinciden en que la reforma ha entrado en vigor sin medios suficientes y sin refuerzos de personal, agravando una situación ya crítica. “Cambiar la organización sin aumentar los recursos necesarios es puro maquillaje”, ha subrayado.
La iniciativa del PP reclama a Pedro Sánchez que “reconozca la grave falta de medios personales, con plantillas claramente infradotadas, y que asigne de forma inmediata los refuerzos necesarios, además de crear los órganos judiciales suficientes para atender la carga real de trabajo, abandonando las reorganizaciones internas improvisadas”.
“Mientras el Gobierno de España siga reformando leyes sin invertir en jueces, funcionarios ni infraestructuras, la Justicia seguirá hundiéndose y los ciudadanos quedarán desamparados en un derecho fundamental”, ha concluido Cristina Gil.
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