Martes, 10 de junio de 2025.- El PP Balears ha mostrado su satisfacción por la aprobación definitiva de la ley que surge del decreto sobre las macrogranjas avícolas. Se trata de un marco legal impulsado por el Govern de Marga Prohens que nace con el objetivo de ordenar el sector avícola y dar respuesta a las inquietudes de muchos vecinos de los municipios afectados.

El diputado del PP, Pedro Álvarez, ha destacado que la nueva normativa “pone freno a la proliferación de grandes explotaciones avícolas intensivas en zonas próximas a los núcleos urbanos, con criterios claros sobre dimensiones y

distancia mínima”. Según Álvarez, “esta ley es un ejemplo de cómo escuchar al territorio y traducir esa escucha en medidas concretas y útiles”.

Álvarez ha puesto de relieve “el papel clave de los vecinos de Sineu, que se han movilizado con determinación y de forma ejemplar para defender su calidad de vida y un modelo de crecimiento respetuoso con el entorno” y ha señalado que “esta ley es, en buena parte, el resultado de su esfuerzo colectivo y de su compromiso con un desarrollo sostenible”.

“El Govern de Marga Prohens ha actuado con responsabilidad y sensibilidad ante el malestar generado por algunos proyectos que ponían en riesgo el equilibrio entre la actividad económica y la vida de los residentes”, ha señalado

el diputado, quien ha añadido que “la norma da respuesta a reivindicaciones claras y legítimas de municipios como Sineu o Maria de la Salut, donde la ciudadanía ha dejado claro que la sostenibilidad y el bienestar no son negociables”.

Álvarez ha asegurado que “con esta ley protegemos el modelo de vida rural, basado en la ganadería extensiva y compatible con una economía moderna que combina tradición, turismo responsable y servicios de calidad”.

“Todos los partidos políticos, excepto el PP, pidieron que este decreto pudiera modificarse con enmiendas de los grupos parlamentarios; nosotros no, porque estábamos satisfechos con la propuesta inicial de la Conselleria de Agricultura. Por suerte, a pesar de los intentos de modificar o incluso derogar el contenido del decreto, hemos logrado conservar el texto que ha permitido proteger a las Illes Balears de la intención de implantar nuevas industrias ganaderas de dimensiones desmesuradas”, ha concluido Álvarez.