El Partido Popular pide a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, que los ayuntamientos participen activamente en la elaboración de la Ley de protección del paisaje cultural de la Serra de Tramuntana. En este sentido, el Grupo Popular registra y defenderá en pleno que Territori “garantice la participación, aportación y toma de decisiones vinculantes de los Ayuntamientos de la Serra de Tramuntana, durante todo el proceso de elaboración del texto articulado de propuesta de Ley”.

Además, el PP quiere que el pleno del Consell inste al Departamento del Territorio “a crear y poner en funcionamiento, con el consenso de los Ayuntamientos, el instrumento o mecanismo que garantice su participación durante todo el proceso de elaboración del texto normativo, así como para que la aprobación definitiva tenga que contar con el asentimiento de cada Ayuntamiento”, explica el conseller ‘popular’ Pedro Rosselló.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, incide en que “la participación de los alcaldes tiene que ser directa y durante todo el proceso de elaboración de una Ley tan importante como esta” puesto que “el objetivo tiene que ser el conseguir un texto consensuado que sea útil, realista y responda al máximo de sensibilidades y necesidades”.

Cabe rercordar que, coincidiendo con el décimo aniversario de la declaración por la UNESCO de la Serra de Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad, en la categoría paisaje cultural, el Departamento de Territorio del Consell de Mallorca anunció la elaboración de un texto articulado de propuesta de Ley de protección del paisaje cultural de la Serra de Tramuntana, para la protección del patrimonio etnológico y cultural en los 20 municipios que conforman la Serra.

Distintos alcaldes de la Serra de Tramuntana han manifestado su escepticismo respecto a la normativa que se pretende elaborar y mucho más respecto al cumplimiento de los objetivos marcados, temiendo que finalmente se trate de una normativa más, dispersa entre toda la normativa que ya existe y afecta a la Serra de Tramuntana, al no contar con la participación efectiva de los Ayuntamientos afectados.