El PP Balears ha registrado una Proposición no de Ley en el Parlament para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez una respuesta específica ante la situación de los menores extranjeros no acompañados que llegan a las Islas, incluyendo la puesta en marcha de mecanismos eficaces para localizar a sus familiares y, cuando sea compatible con el interés superior del menor y con la legislación vigente, promover su reagrupación familiar en su país de origen o su puesta a disposición de los servicios de protección correspondientes. El PP Balears exige así que el Estado deje de trasladar a las comunidades autónomas una responsabilidad que afecta directamente a sus competencias exclusivas en materia de inmigración, extranjería y control de fronteras. Así, la diputada del PP Balears Cristina Gil denuncia que “Pedro Sánchez ha abandonado a Balears ante una emergencia migratoria que ya es estructural y que está poniendo al límite nuestro sistema de protección de menores”.

“No hablamos únicamente de financiación o de plazas: hablamos de que el Gobierno de España cumpla con su obligación, actúe en origen, controle nuestras fronteras y garantice que cada menor recibe la respuesta que realmente protege su interés superior”, ha señalado Gil. En este sentido, ha defendido que “proteger a los menores también significa evitar que emprendan travesías mortales, combatir a las mafias que trafican con personas y trabajar con los países de origen para que, cuando proceda, puedan reencontrarse con sus familias”.

Gil ha advertido de que Balears tutela actualmente a 897 menores migrantes no acompañados, más del doble de las 434 plazas de capacidad ordinaria establecidas por el propio Ministerio, mientras que la llegada de pateras continúa incrementando la presión sobre las Islas. Asimismo, ha recordado que este año han llegado al archipiélago 239 embarcaciones con 4.494 inmigrantes en situación irregular y que la previsión de inversión del Govern a los Consells para atender a estos menores alcanza los 38 millones de euros, frente a una aportación extraordinaria estatal de 7,78 millones en 2025 y únicamente dos millones comprometidos por el Estado para 2026.

“No es razonable que el Gobierno de España decida sobre la acogida de menores en unas islas que ya están desbordadas y después pretenda que sean el Govern y los Consells quienes paguen las consecuencias”, ha afirmado la diputada popular. Gil ha reclamado al Ejecutivo de Sánchez que revise los criterios de capacidad de acogida teniendo en cuenta la insularidad, la presión migratoria efectiva y la capacidad real de los recursos de protección, además de incrementar la financiación estatal y establecer una coordinación permanente con el Govern y los Consells. “Balears está haciendo un esfuerzo extraordinario para proteger a estos menores, pero ese esfuerzo no puede convertirse en la excusa para que Sánchez siga sin ejercer las competencias que son del Estado”, ha añadido.

El PP Balears reclama además un Plan Estatal de Actuación específico para la emergencia migratoria en las Islas, con más medios para el control de las fronteras marítimas, lucha contra las mafias, actuación en los países de origen y tránsito e implicación permanente de Frontex en la ruta entre Argelia y Balears. La iniciativa también exige al Gobierno que informe sobre las actuaciones de identificación, documentación, situación administrativa, cooperación con los países de origen y localización y reagrupación familiar de los menores. “Lo que no vamos a aceptar es que el Gobierno de Sánchez siga descargando su responsabilidad sobre Balears mientras las mafias siguen haciendo negocio y nuestras instituciones tienen que multiplicar recursos para afrontar una situación que ya ha superado cualquier límite”, ha concluido Gil.