El Partido Popular de Balears lamenta “la trampa” del conseller de Turisme, Iago Negueruela, para imponer la moratoria turística a golpe de decreto al que el Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha votado en contra por haberse aprobado “de manera injustificada” y que “afectará al primer motor económico de nuestras islas” al contemplar el decrecimiento en plazas turísticas.

Precisamente, la diputada ‘popular’ María Salomé Cabrera lamenta que mientras el conseller “hablaba de circularidad, sostenibilidad y camas elevables, con nocturnidad y alevosía, planeaba su moratoria para entrarla por la puerta de atrás, en una burda maniobra para blanquearla”.

“Mientras la oposición y los sectores afectados por este decreto pedíamos conocer la letra pequeña para saber a qué nos enfrentábamos” el conseller Negueruela “nos seguía dando largas y afeaba públicamente y con desprecio esas justes reivindicaciones y defendía que lo importante era el fondo un fondo que nadie conocía y que continuaban generando preocupación e incertidumbre” le ha reprochado Cabrera para insistir en que des de el Partido Popular “queremos que quede claro y lo diremos por enésima vez, decimos sí a la circularidad, a un crecimiento sostenible, al medioambiente y la mejora de la calidad del empleo, por supuesto que sí, pero desde las medidas incentivadoras y facilitadoras, y decimos no a la imposición, al intervencionismo, al decrecimiento”.

“Lo realmente grave es que se trata de una Ley que afectará al primer motor económico de nuestras islas, y que por tanto habría de ser una norma consensuada, participada y de futuro para dar estabilidad económica, social y política” ha argumentado Cabrera para lamentar que lo que hará el Govern de Armengol es “limitar la libertad de empresa y la libre competencia, que perjudica especialmente a pequeños y medianos empresarios y a emprendedores que es el grueso de nuestra economía y que ya se han visto gravemente afectados”.

Salomé Cabrera ha incidido que “esta será una ley que genera una gran inseguridad jurídica, interviniendo en los modelos territoriales los Consells Insulars que ostentan las competencias tanto de territorio como de ordenación turística, y que ya disponen de mecanismos de control y techo de plazas pero que les obliga a la revisión de sus PIAT, PTI y bolsas de plazas en el período máximo de 4 años con la amenaza de la extinción, y a la que se suma la obligación de reducir plazas existentes y futuras”.

Con todo, el GPP reprocha a Armengol que “gestiona Balears como si fuera un cortijo” que quiere “que votemos en contra de nuestros principios y que nos fiemos de un Govern que no es de fiar, que no respetan los acuerdos tomados en este parlamento como con la Ley de Educación y se los cargan con traiciones”.