El PP Balears vota en contra de la proposición de ley de Vox y defiende su propia iniciativa para blindar la vehicularidad del catalán y el castellano
4 de noviembre de 2025

• La formación considera que la iniciativa debatida hoy y que no ha prosperado se desvía del acuerdo pactado y vulnera principios básicos del modelo educativo balear

• El Parlament ha aprobado por unanimidad el decreto que mejora las condiciones salariales de los trabajadores de la Fundación de Atención a la Dependencia

Martes, 4 de noviembre de 2025.- El PP Balears ha rechazado hoy en el Pleno del Parlament la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario Vox para modificar la Ley 1/2022, de Educación de las Illes Balears ya que, considera, va mucho más allá de los compromisos previamente adquiridos y plantea cambios inasumibles, especialmente en materia lingüística y de autonomía de los centros. Con el voto en contra del PP, la iniciativa no ha superado el trámite parlamentario.


Así lo ha dicho la portavoz adjunta del PP Balears en el Parlament, Marga Durán, quien, en contraposición, ha explicado que la formación registró ayer una proposición de ley para modificar la Ley de Educación con el objetivo de blindar la vehicularidad del catalán y del castellano en las aulas, además de incorporar la difusión de las modalidades lingüísticas propias de cada isla, tal como prevé el Estatut d’Autonomia.


En su turno de intervención, Durán ha recordado que los acuerdos alcanzados el pasado verano con Vox consistían en dos puntos muy concretos: “que ambas lenguas oficiales fuesen vehiculares en la educación; y que se promoviera la difusión de las modalidades lingüísticas propias de las Illes Balears”. Sin embargo, ha advertido que el texto presentado hoy “va mucho más allá y pretende rebajar el papel del catalán como lengua propia y limitar la autonomía de los centros educativos y eso no es lo que acordamos”.



En esta línea, Durán ha subrayado que los populares no pueden avalar “una redacción que colisiona frontalmente con pilares fundamentales de nuestro sistema educativo e institucional”, como el Estatut d’Autonomia, la Ley de Normalización Lingüística o el Decreto de Mínimos, además de vulnerar la autonomía de los centros. “Estas líneas rojas no son caprichos, son convicciones de fondo construidas a lo largo de los años con diálogo, consenso y respeto institucional”, ha señalado.


Durán ha recordado que el PP fue clave durante la tramitación de la Ley de Educación en 2022 en la construcción de un consenso amplio que fue finalmente roto por el PSOE “tan solo 24 horas antes de su aprobación definitiva”. Frente a ello, el PP reafirma su compromiso con la palabra dada, tanto a través de su programa de Gobierno como a través de los acuerdos.


Así, ha manifestado que “la nuestra es una propuesta seria, respetuosa y que no altera el equilibrio del modelo educativo sino que lo refuerza” y ha reivindicado el liderazgo del PP en la construcción de consensos volviendo “al consensio, al sentido común y al respeto por nuestro modelo educativo y lingüístico”. Durán también ha puesto en valor la riqueza lingüística de las Illes Balears. “El catalán de aquí es una voz heredada de nuestros padres y abuelos, que da identidad y vida a nuestras islas; y el castellano nos abre las puertas de España y del mundo. Defender ambas no es dividir: es sumar. Es garantizar que nuestros hijos crezcan con más oportunidades, con más palabras y con más puentes para entender y amar esta tierra”.


En este sentido, ha remarcado que el PP no participará “en la confrontación lingüística que otros buscan” y ha reprochado la incoherencia del PSOE, “que hoy hace grandes proclamas en defensa del catalán, cuando votó sin problemas a favor del mismo texto que ayer registró el PP, donde se reconocía que el catalán y el castellano son lenguas vehiculares”.


Unanimidad al servicio de quien más lo necesita

Por otra parte, el Parlament ha aprobado por unanimidad la convalidación del Decreto ley 7/2025, de 24 de octubre, en materia de servicios sociales, que incorpora a todo el personal de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal entre los beneficiarios del Decreto ley 6/2022 para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La medida, con efectos desde el 1 de enero de 2025, permitirá aplicar un calendario de incremento salarial progresivo, dando así cumplimiento al acuerdo alcanzado entre los trabajadores y el Govern.


La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha celebrado la aprobación del decreto y ha subrayado que “hoy se hace justicia con una reivindicación legítima que los trabajadores mantienen desde 2019 y que este Govern ha atendido en apenas dos años”. 


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