Miércoles, 16 de julio de 2025.- El PP Balears, junto al resto de gobiernos autonómicos del Partido Popular, se ha plantado ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para rechazar el reparto forzoso e ilegal de menores no acompañados. Por ello, la consellera de Familias, Bienestar y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, no asistirá mañana a la Conferencia Sectorial convocada por el Gobierno de España para imponer un reparto forzoso de menores no acompañados entre Comunidades Autónomas que vulnera la legalidad, el consenso y el principio de igualdad territorial.

Desde el Partido Popular de las Illes Balears compartimos el posicionamiento de todos los Gobiernos autonómicos del PP y manifestamos lo siguiente:

1. Nos oponemos frontalmente al intento de imposición del Gobierno de España, que ha convocado una Conferencia Sectorial con un orden del día ilegal, ya que fue rechazado por mayoría en la Comisión Sectorial previa, como exigen las normas que rigen su funcionamiento.

2. Nos negamos a convertir a los menores en objetos de intercambio  político. Son personas a proteger, no paquetes a repartir. Y deben ser atendidos con dignidad, no utilizados como coartada para resolver las urgencias parlamentarias de un presidente atosigado por la corrupción de su entorno.

3. Pedro Sánchez sólo piensa en Pedro Sánchez. En lugar de actuar con responsabilidad, utiliza a los menores como escudo político. Y nuestro compromiso es con el interés del menor, no con el interés de Pedro Sánchez. Ante la falta de política migratoria, nos negamos a asumir las consecuencias del fracaso del Gobierno.

4. Denunciamos que el reparto diseñado por el Gobierno sólo busca enfrentar a las Comunidades Autónomas entre sí, aplicando criterios arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del reparto a Cataluña y País Vasco, sus socios parlamentarios en el Congreso. Frente a esto, reclamamos respeto institucional, y afirmamos que no se puede gobernar a golpe de decreto, sin escuchar a las Comunidades Autónomas, despreciando los cauces legales e ignorando el principio de igualdad entre territorios.

5. Advertimos del riesgo real de colapso de los sistemas de protección de menores, que ya funcionan al límite de su capacidad. La llegada forzosa de más menores, sin recursos, sin planificación y sin garantías, nos obligaría a abrir macrocentros que imposibilitan su atención personalizada e integración. Además, el Gobierno de España no se compromete a garantizar condiciones dignas de atención. Su única intención es repartir el problema, transferirlo a otras administraciones y desentenderse de él. Una vez lleguen, seremos las Comunidades las que tendríamos que asumirlo todo, sin medios ni respaldo.

6. Resulta inaceptable que se pretenda trasladar menores sin asegurar previamente la determinación efectiva de su edad, lo que fomenta el fraude en la declaración de minoría y pone en duda todo el procedimiento. El Estado debe velar por la verdad y la legalidad, no incentivarlas a la carta.

7. El anuncio del reparto actúa como efecto llamada.  El propio Real Decreto Ley reconoce un incremento del 700% en la llegada de menores en los últimos tres años. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir acogiendo? Anunciar repartos actúa como un potente efecto llamada, que agravará aún más un problema que el Gobierno ni prevé ni gestiona.

8. Exigimos que el Gobierno central se haga cargo, de manera directa y con financiación propia, de la atención a los menores no acompañados en situaciones de emergencia como la que atraviesan Canarias o Ceuta o puedan sufrir otros territorios. Así se recogía en el acuerdo firmado en septiembre de 2024 y reiterado en la Declaración de Asturias.

9. La doble vara de medir del Gobierno es ya insostenible.  Se niega a acoger a los más de mil solicitantes de protección internacional que le exige el Tribunal Supremo, pero exige a las comunidades asumir repartos forzosos sin medios. No puede seguir señalando a otros mientras elude sus responsabilidades.

10. Seguimos defendiendo que el Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, es inconstitucional  porque invade las competencias de protección y tutela de los menores, que son exclusivas de las Comunidades Autónomas, y así lo hemos expresado en los once recursos ante el Tribunal Constitucional que han sido admitidos a trámite.

Por todo ello, desde el PP Balears no vamos a aceptar imposiciones ilegales, injustas y electoralistas que ponen en riesgo la protección de los menores y la sostenibilidad de nuestros servicios. Nuestra prioridad es el interés superior del menor, no las urgencias de Pedro Sánchez.