El Grupo Parlamentario Popular ha conseguido esta mañana, mediante una proposición no de ley debatida en sesión plenaria, que el Parlament de les Illes Balears inste al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a “desistir de la aprobación de un nuevo real decreto para la modificación del Reglamento de Costas que aumente la arbitrariedad en la determinación de los deslindes y los otorgamientos de las concesiones administrativas en dominio público, tal y como sucedía en la normativa (Real decreto 668/2022) anulada por parte del Tribunal Supremo”.

Así, la cámara balear insta al ministerio a “atender las peticiones de la sociedad civil y las instituciones insulares y autonómicas con carácter previo a la aprobación de cualquier norma que tenga afectación sobre el futuro del litoral de las Illes y, en particular, sobre la propiedad de bienes inmuebles o la titularidad de concesiones administrativas localizadas en el mismo”.

Mesquida ha recordado que “el Ministerio decidió ignorar las alegaciones de los afectados y las advertencias de las demás instituciones insulares y autonómicas, vulnerando la ley procedimental y, con ello, el principio de transparencia en obviar el trámite de consulta previa”.

“La victoria legal de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Formentera ha representado un alivio para los miles de personas en toda España que hacía décadas que luchaban para el respeto de sus derechos en el litoral y una advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la importancia que tiene en un Estado de Derecho la transparencia, el respeto hacia los procedimientos legales y las consecuencias que tiene para el poder político ignorar la voz de los afectados”, ha destacado Mesquida.

En este sentido, el Parlament de les Illes Balears, a petición del PP, ha rechazado el comportamiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la tramitación del Real decreto 668/2022 de modificación del Reglamento de Costas. “El Gobierno de España debe reconsiderar su actitud, escuchar la sociedad civil y el poder representativo de las instituciones insulares y autonómicas antes de volver a desarrollar textos normativos que afecten el futuro de nuestro litoral”, ha concluido el diputado.