El Parlament cierra la Oficina Anticorrupción acabando con su coste desorbitado y evidenciando sus duplicidades, a propuesta del PP
26 de marzo de 2024
  • La Ley de Transparencia y control de cargos públicos ha sido aprobada con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos


  • Mauricio Rovira: “Conseguimos acabar con el coste desorbitado de un millón y medio de euros en sueldos y con las duplicidades constatadas”

El Parlament de les Illes Balears ha aprobado el Proyecto de Ley de Transparencia y control de cargos públicos presentado por el Grupo Parlamentario Popular mediante el que se crea un registro en la Cámara balear de las actividades, intereses, renta y patrimonio además delcierre de la Oficina Anticorrupción. “Conseguimos acabar con el coste desorbitado de un millón y medio de euros en sueldos y con las duplicidades constatadas con las funciones de la Intervención General, la Sindicatura de Cuentas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Fiscalía y los órganos judiciales para un ente cuya utilidad ha quedado totalmente desacreditada”, ha señalado el diputado popular, Mauricio Rovira.


Así, “Balears pasa a ser como el resto de las 11 comunidades autónomas que no tienen una oficina de este tipo” ha recordado Rovira mientras que ha recordado que “el PP Balears siempre ha estado en contra de la existencia de esta oficina del PSOE que se creó como arma política y máquina de barro contra la oposición”.


“Todas las denuncias a cargos socialistas han sido archivadas, sin ser investigadas” ha explicado Rovira y ha añadido que “no sirvió para evitar que Balears haya sido incluida por Armengol en la trama corrupta del caso Koldo”.


Por último, cabe recordar que se recupera, como unidad dependiente del Parlament, el Registro de intereses y actividades y se crea el Registro de patrimonio de los miembros del Govern además de que el texto establece la obligatoriedad de todos los cargos a seguir presentando sus declaraciones de bienes, de renta y de incompatibilidades y la Policía, la Fiscalía y los órganos judiciales seguirán teniendo acceso a ellas.

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