El Consell de Mallorca ha aprobado este jueves, por unanimidad de todos los grupos, una moción presentada por el Grupo Popular para instar al Gobierno de España a reconsiderar la entrada en vigor de la conocida como Ley ‘Bolaños’. Esta normativa estatal prevé la transformación de los juzgados de paz en Oficinas Municipales de Justicia, lo que implica la pérdida de competencias fundamentales como la gestión del Registro Civil o la celebración de matrimonios.



El Grupo Popular ha defendido que esta reforma supone un claro retroceso para la justicia de proximidad y puede poner en riesgo la accesibilidad de estos servicios esenciales para la ciudadanía de los municipios pequeños y medianos. Por este motivo, la moción insta al Gobierno central a garantizar que la nueva estructura no implique una reducción de los servicios y que se mantenga el modelo actual, con jueces de paz formados y con los recursos necesarios para ejercer su labor con garantías.

La consellera electa Maria Garrido, encargada de defender la iniciativa, ha advertido que “no tiene ningún sentido sobrecargar con más funciones a los equipos de gobierno municipales ni saturar los ayuntamientos, como se pretende con la ley. Tampoco podemos consentir que los ciudadanos pierdan servicios esenciales que hasta ahora habían funcionado bien”.

La propuesta aprobada también solicita que el Estado asegure dotaciones suficientes de personal y medios materiales para las nuevas oficinas, que impulse un plan de formación específico para los jueces y juezas de paz, y que se ponga en marcha una digitalización integral del Registro Civil, garantizando así la modernización de los servicios sin perder la accesibilidad ni la calidad del modelo actual.

Con esta iniciativa, el Grupo Popular reafirma su compromiso con una justicia cercana, humana y eficiente, al servicio de la ciudadanía y arraigada en los municipios.