El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición de Ley en materia de transparencia y control de los cargos públicos de las Illes Balears mediante la que se recupera, como unidad dependiente del Parlament, el Registro de intereses y actividades y se crea el Registro de patrimonio de los miembros del Govern y de los cargos públicos de la comunidad autónoma además de eliminar la Oficina Anticorrupción. “Eliminamos un ente completamente politizado creado y usado como máquina de barro al servicio de los intereses del PSOE”, ha explicado la portavoz adjunta del Partido Popular en la Cámara balear, Marga Durán.

Así, Durán ha recordado que “el PP desde el primer momento ha denunciado la duplicidad que representa esta oficina” y ha censurado que tras los últimos acontecimientos acaecidos y tras ver “las filtraciones interesadas de expedientes con el único objetivo de difamar a miembros del Partido Popular, no se puede consentir que el dinero público sirva como arma para perseguir a partidos políticos”.

El Partido Popular “siempre hemos estado a favor del buen gobierno y de la transparencia pero no vamos a tolerar que haya un órgano encargado de difamar y difundir las acusaciones”, ha expuesto Durán.

La Proposición de Ley establece la obligatoriedad de todos los cargos a seguir presentando sus declaraciones de bienes, de renta y de incompatibilidades y la Policía, Fiscalía y los órganos judiciales seguirán teniendo acceso a ellas.

La Oficina Anticorrupción “se creó con un presupuesto anual inicial de 500.000 euros y ahora alcanza los 1,5 millones de euros que prácticamente se destinan en su totalidad a los sueldos de los altos cargos como el director que cobra 95.000 euros al año”. Además, “no podemos obviar que la Oficina Anticorrupción tiene duplicidad de funciones”, ha recordado Durán. 

“Este organismo acomete funciones que ya ejercen la Sindicatura de Cuentas, la Intervención General o la Fiscalía” ha señalado Durán. En cuanto a los expedientes que permanecen abiertos en tramitación, “van a pasar a la Inspección General de Servicios adscrita a la dirección general de Función Pública que se encargará de remitirlos a los órganos competentes”, ha concluido Durán.