El Partido Popular ha presentado un conjunto de enmiendas al Proyecto de ley de medidas urgentes para la aceleración de proyectos estratégicos con un objetivo claro: avanzar hacia una Administración más ágil, más cercana y útil, reduciendo cargas burocráticas y tiempos de espera, pero reforzando al mismo tiempo las garantías y los mecanismos de control. 

En el ámbito de la simplificación administrativa, las enmiendas introducen un cambio de modelo profundo basado en la ampliación del uso de las declaraciones responsables y las comunicaciones previas. Esto permitirá que ciudadanos y empresas puedan iniciar actividades o ejercer derechos sin tener que esperar autorizaciones administrativas previas, sustituyendo trámites largos por procedimientos más rápidos y eficaces. 

Este sistema se basa en un principio de confianza con responsabilidad, similar al funcionamiento de la declaración de la renta: el ciudadano declara que cumple los requisitos, puede actuar de manera inmediata y la Administración comprueba posteriormente. En caso de falsedad o incumplimiento, se establecen consecuencias claras, con un refuerzo e incremento del régimen sancionador y la posibilidad de suspender la actividad.

Además, las enmiendas amplían el uso de las declaraciones responsables no solo para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en numerosos procedimientos administrativos, evitando que los ciudadanos tengan que aportar repetidamente documentos que ya están en su poder o cuya verificación puede hacerse posteriormente. 

La colaboración social administrativa

Un elemento clave de esta reforma es el impulso de la colaboración social administrativa, que permitirá agilizar aún más los procedimientos mediante la participación de entidades colaboradoras de certificación. Estas entidades — como colegios profesionales, cámaras de comercio u otras organizaciones acreditadas— podrán verificar documentación, emitir certificaciones y validar requisitos técnicos con plena eficacia administrativa. 

Esto supone que, cuando un ciudadano presente documentación acompañada de una certificación acreditada por estas entidades, la Administración podrá considerarla completa y correcta desde el primer momento, reduciendo tiempos de revisión y evitando requerimientos posteriores. Se trata de un modelo complementario que ya ha demostrado su eficacia en el ámbito urbanístico. Desde que el Govern de Marga Prohens impulsó con la primera Ley de simplificación administrativa la creación de las Entidades de Colaboración Urbanística, numerosos ayuntamientos de todos los colores políticos las han implantado, agilizando la tramitación de licencias urbanísticas.

La atención a la ciudadanía

Las enmiendas también introducen mejoras importantes en la atención a la ciudadanía. Se reorganiza el sistema de oficinas administrativas, diferenciando entre oficinas de asistencia en materia de registros —que actuarán como puntos de entrada general— y oficinas de atención especializada, centradas en ámbitos concretos.

Este nuevo modelo permitirá una atención más clara, cercana y eficaz, facilitando tanto la información como la tramitación de procedimientos. Además, se crea el registro de funcionarios habilitados, que podrán asistir directamente a los ciudadanos en la realización de trámites electrónicos, incluyendo la identificación, la firma digital o la presentación de solicitudes. Esto supone un avance clave para garantizar que nadie quede atrás en la digitalización de la Administración.

“Simplificamos trámites, reducimos esperas y mejoramos la relación entre la ciudadanía y la Administración sin renunciar a las garantías”, ha afirmado el portavoz del PP, Sebastià Sagreras. 

Se agiliza la creación de servicios sociales

En paralelo, el Partido Popular plantea un amplio paquete de medidas en el ámbito de los servicios sociales, orientadas a eliminar trabas administrativas y facilitar la puesta en marcha y mejora de recursos asistenciales.

En primer lugar, se simplifica el régimen de autorización y acreditación de nuevos servicios sociales, sustituyendo controles previos excesivamente burocráticos por sistemas más ágiles basados en declaraciones responsables. Esto permitirá abrir antes nuevos servicios —como residencias, centros de día o recursos habitacionales— y dar respuesta a la creciente demanda, especialmente en dependencia, discapacidad y atención a personas mayores. 

Al mismo tiempo, se garantiza el control permanente a través de la inspección y se refuerza la responsabilidad de las entidades, asegurando que la simplificación no suponga una reducción de garantías.

Las enmiendas también abordan la mejora de prestaciones y servicios. En este sentido, se propone que la renta social autonómica (RESOGA) garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo vinculando su revalorización al IPC, dotando esta prestación de estabilidad y previsibilidad.

Asimismo, se introducen medidas para garantizar la continuidad de los servicios sociales, evitando que procesos de reorganización de entidades interrumpan la atención a personas vulnerables y reforzando la estabilidad del sistema.