La consellera de Hacienda del Govern de les Illes Balears, Rosario Sánchez, ha comparecido en el Parlament para, a petición del Partido Popular, dar explicaciones sobre la firma del decreto que incluía la equiparación de interventores y auditores y que la beneficiaba a ella y a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, al tener ambas plaza de auditoras de la Sindicatura de Cuentas.

El Decreto Ley que las promocionaba estaba firmada por la misma consellera Sánchez, lo que supone una incompatibilidad ya que se estaba autobeneficiando.

Pese al interrogatorio al que ha sido sometida por la diputada del PP Nuria Riera, las declaraciones de Sánchez no han contribuido a echar luz sobre la polémica generada por el “autorregalo” que se hizo a ella misma e hizo a Cladera, mediante la equiparación del cuerpo de interventores y el de auditores al que ambas pertenecen, y que fue corregido por las quejas de los interventores.

En lo que sí ha incurrido Sánchez durante su comparecencia ha sido en varias contradicciones.

La más grave ha estribado en que Rosario Sánchez ha vuelto a asegurar que el Consell de Govern que preside Francina Armengol no aprobó el decreto mediante el que se la consellera se autobeneficiaba.

Un argumento que ha quedado totalmente desmentido y desmontado cuando la diputada Riera ha revelado que el acta del Consell de Govern de día 13 de junio demuestra que, además de haber publicado el decreto en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB), este decreto fue aprobado también por el Consell de Govern presidido por Armengol.