El coordinador de la Comisión de Territorio y Vivienda del Partido Popular de Balears, Mariano Juan, alerta de “la peligrosa deriva de la izquierda en políticas del suelo” por su “amenaza a pequeños propietarios y al derecho a vivir en el campo”. “Como siempre, como no saben gestionar, se limitan a prohibir, y ahora pretenden castigar a las familias que han conservado sus fincas y parcelas”, alerta el popular ante el último decreto del Govern y las propuestas de Més y que, si tuviera la oportunidad, acabaría aceptando Francina Armengol.

De esta manera ha valorado el coordinador de la Comisión de Territorio y Vivienda del PP de Balears el decreto aprobado el pasado martes y las propuestas que ahora ha puesto sobre la mesa Més. “Van a decretazo por año y sin consenso en un tema que debería ser gestión de los ayuntamientos y de sus planes urbanísticos”, señala Mariano Juan, que apunta a “la falta de seguridad jurídica que está provocando, especialmente para pequeños propietarios, que es de lo que estamos hablando, que tenían una parcela urbana por faltarles una acera, una farola o unas tuberías”.
 
“Pero lo peor es que vemos que no se van a quedar ahí, sino que Més ha dejado claro que quiere ir más lejos prohibiéndolo absolutamente todo en suelo rústico”, denuncia. “Una cosa es tener unos parámetros para una ordenación y regulación del suelo rústico y otra atacar los derechos de pequeños propietarios”, defiende, animando a “explicar a las familias que directamente van a suprimir su derecho a vivir en el campo”. “Están atacando la idiosincrasia de Balears”, alerta Juan.

El popular alerta además de que “como ya han conseguido otras veces, estos mensajes pueden acabar con el efecto contrario, que es con una explosión de nuevas edificaciones en suelo rústico ante el temor que generan estos anuncios”.

“El drama de las familias de los Don Pepe sólo requería voluntad política”

Finalmente, por lo que se refiere a la solución para los vecinos de los Don Pepe, en Sant Josep, Juan señala que “se demuestra que se podía solucionar el drama de estas 50 familias desde el primer momento, sólo se requería voluntad política”. “Al final han sido dos años de sufrimiento de unas familias que Agustinet expulsó de sus casas y ha tenido en la inseguridad durante demasiado tiempo”, lamenta.