El PP Balears en el Parlament ha registrado una Proposición no de Ley para que la cámara reconozca expresamente la Ley 21/1976, de 14 de junio, sobre el Derecho de Asociación Política como uno de los instrumentos normativos fundamentales del proceso de Transición a la democracia en España, en el 50o aniversario de su aprobación. La diputada Cristina Gil, impulsora de la iniciativa, ha subrayado que “esta ley fue el primer paso real hacia el pluralismo político en España” y ha recordado el coraje de Adolfo Suárez al defenderla ante unas Cortes franquistas argumentando que había que “elevar a nivel político lo que a nivel de calle era ya, simplemente, normal”. 

La Ley 21/1976 fue aprobada el 14 de junio de aquel año con 338 votos a favor, tras ser defendida por Suárez ante las Cortes el 9 de junio, semanas antes de ser nombrado presidente del Gobierno. Esta norma permitió la inscripción de asociaciones políticas, constituyendo un primer paso hacia la posterior legalización de los partidos políticos y abrió el camino hacia un sistema de libre concurrencia política que culminaría con las elecciones de junio de 1977 y la Constitución de 1978. “Cincuenta años después merece el reconocimiento institucional que le corresponde”, ha subrayado Gil.

Para la diputada popular, conmemorar este aniversario es también una oportunidad para reivindicar la Transición como legado colectivo dado que “los valores que consagra nuestra Constitución -la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político- no surgieron de la nada. Fueron el resultado de un proceso de transformación valiente y ejemplar. Reivindicar la Transición es reivindicar el mejor legado que tenemos como país”. 

La iniciativa de los populares insta al Parlament de les Illes Balears a impulsar actuaciones institucionales, académicas y educativas para fomentar el conocimiento de ese proceso histórico y de sus principales hitos, así como a reafirmar el compromiso con los valores constitucionales. En este sentido, Gil ha insistido en que “defender esta herencia es una responsabilidad de todos los demócratas, independientemente de su signo político”.

Gil ha concluido subrayando que el cincuenta aniversario de la Ley 21/1976 es “una oportunidad para reconocer institucionalmente un proceso que situó a España como referente internacional de transformación política pacífica, basada en el consenso, en el respeto a la legalidad y en la integración de la pluralidad”.