El portavoz del PP Balears en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha anunciado que el Grupo Popular trabajará para que la Ley de regulación de la entrada de vehículos a Mallorca quede aprobada definitivamente a más tardar en febrero, tras haber sido aprobada el pasado viernes por el Consell de Mallorca. Por ello, este lunes se ha registrado la solicitud de tramitación por procedimiento de urgencia dado que el objetivo es que sea de las primeras leyes que se tomen en consideración en el próximo período de sesiones, en septiembre, para completar su tramitación parlamentaria antes de que concluya el invierno.

Así, Sagreras ha explicado que "se trata de una herramienta imprescindible para ayudar a descongestionar Mallorca, mejorar la movilidad de los residentes y establecer mecanismos de control sobre la presión que soportan nuestras carreteras". La norma permitirá fijar un techo a los vehículos procedentes de fuera de la isla, limitar la flota de vehículos de alquiler y aplicar una tasa a los que no tributan en les Illes Balears. Además, nace del estudio de capacidad de carga impulsado durante esta legislatura y da cumplimiento a un compromiso asumido por el presidente Galmés.

El portavoz popular ha subrayado que esta ley se enmarca en una estrategia integral impulsada por la presidenta Marga Prohens para hacer frente a la presión turística en las islas. "El Govern está abordando este reto por tierra, por mar y por aire, con una intensidad que no tiene precedentes" ha afirmado mientras que ha añadido que "nunca ningún Govern había impulsado tantas medidas de contención turística como las que se están impulsando esta legislatura".

Cabe recordar que, por tierra, el Govern ha aprobado un decreto de contención que fija el crecimiento cero de plazas turísticas y prohíbe nuevos pisos turísticos en los municipios, al tiempo que los consells insulars han eliminado anuncios equivalentes a cerca de 60.000 plazas ilegales. A ello se suma la regulación de la entrada de vehículos a Mallorca y Eivissa. Por mar, se ha alcanzado un acuerdo con las navieras para reducir 30.000 plazas de cruceristas en los meses de máxima afluencia y se ha prohibido el alquiler turístico de embarcaciones particulares. Y por aire, la aprobación de la Ley de Cogestión Aeroportuaria permite reclamar voz y capacidad de decisión sobre la gestión de los aeropuertos de las islas.