El PP Balears celebra la ponencia de estatutos del XVII congreso autonómico en la que sitúa al afiliado en el centro de la organización
18 de mayo de 2026
  • Los populares incorporan la creación de la Oficina de Transparencia dentro del Comité de Derechos y Garantías 

El Partido Popular de les Illes Balears ha informado hoy de las modificaciones de la ponencia de estatutos del XVII Congreso Autonómico i se han debatido las enmiendas presentadas que se han incorporado al texto, un texto que refuerza la estructura interna del partido, simplifica su funcionamiento y sitúa al afiliado en el centro de la organización. El texto definitivo se aprobará el sábado en el acto de clausura.



La ponencia, coordinada por Ramon Sintes, introduce como principal novedad la incorporación de la creación de la Oficina de Transparencia dentro del Comité de Derechos y Garantías, con el objetivo de reducir trámites y simplificar los procesos internos. “Queremos una organización más eficiente, más transparente y útil para los afiliados”, ha señalado el coordinador de la ponencia.


Asimismo, la ponencia ha introducido la regulación específica de la organización territorial de la ciudad de Palma. A partir de su aprobación, los presidentes de distrito de Palma contarán con las mismas competencias y capacidades que los presidentes locales, con el objetivo de reforzar la cercanía y la operatividad del partido en el ámbito urbano. 


Tal y como ha explicado Sintes, esta medida “refuerza la estructura territorial de Palma y permite dar un paso adelante en la descentralización interna, acercando la toma de decisiones a los afiliados y a la realidad de cada zona”.


Asimismo, se han aprobado dos enmiendas que establecen la inclusión de mecanismos estables de participación digital de afiliados y simpatizantes mediante plataformas telemáticas “de esta podremos participar en consultas internas de carácter no vinculante, acceder a documentación orgánica y efectuar aportaciones a las ponencias políticas y reglamentarias”. 


“Hemos acordado también incorporar un nuevo plan básico de actividad política y organizativa que incluya objetivos políticos y organizativos, actividades, acciones de participación ciudadana y sectorial”, ha añadido Sintes. 


Por último, se mantiene la convocatoria de congresos cada cuatro años, aunque se modifica el orden de celebración, que pasará a realizarse de menor a mayor estructura territorial, estableciendo así un modelo más ordenado y coherente dentro del partido. 

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En este sentido, ha explicado que “esta iniciativa viene a reforzar la solicitud del PP de Balears al presidente Sánchez de los informes que anunció sobre el alto riesgo de incremento de inmigración irregular en nuestras costas. Sánchez, para evitar su responsabilidad, esgrimió alegremente informes utilizando el drama que vivimos en Baleares y nadie da explicaciones de nada, es una vergüenza ”. “Preocupados por la situación, ponemos los datos encima de la mesa, porque el mirar hacia otro lado, como hace el Gobierno, y beneficiar a las mafias que trafican con personas en el Mediterráneo, nos ha generado un incremento exponencial de inmigración irregular en nuestras costas, de 250 inmigrantes irregulares en 2018 a los 8.000 de 2025 y 2026. Una isla de 12.000 habitantes está asumiendo una presión que supera con mucho la capacidad de sus recursos y que afecta a los servicios sociales, la seguridad y la gestión ordinaria de la institución, ha destacado Marí, quien ha apuntado a la secretaria de Estado: “no sabemos a qué se dedica Calvo”. Además, ha recordado que “detrás de las cifras de llegadas existe una tragedia humana. Según el informe de Caminando Fronteras, 507 personas murieron durante los cinco primeros meses de 2026 en la ruta argelina del Mediterráneo occidental, un 54 % más que en el mismo periodo de 2025. No queremos más muertes en el Mediterráneo. Precisamente por eso España necesita una política migratoria seria, ordenada y eficaz, que combata a las mafias, controle las fronteras y permita actuar antes de que las personas se jueguen la vida en una patera”. Por su parte, Miquel Jerez ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez “que asuma de una vez por todas sus competencias en materia de inmigración y protección de fronteras y deje de trasladar a las administraciones insulares las consecuencias de una política que corresponde al Estado. Esto no es una situación puntual ni imprevisible: es una ruta consolidada que lleva años creciendo y que exige una respuesta del Gobierno de España. Los Consells y los ayuntamientos están acabando por asumir de facto una parte de una política que no les corresponde. Se les pide que gestionen las consecuencias mientras el Gobierno no está a la altura en la gestión de las fronteras”. El parlamentario ha asegurado que “Formentera no es Ceuta pero cada vez se le parece más. Formentera es una isla que tiene 12.000 habitantes y en 2026 ha recibido 2.700 personas en pateras. Casi un 23% de su población, solo este año”. Asimismo, ha advertido además de que “las llegadas se producen en ocasiones en auténticas oleadas, con cientos de personas en apenas 24 o 48 horas. Solo antes de ayer llegaron más de 300. Esto es una auténtica avalancha que obliga a activar simultáneamente dispositivos de seguridad, emergencias, identificación, atención sanitaria, traslados y servicios sociales”. Lo que viene a confirmar que detrás de estas avalanchas hay organizaciones y una estructura perfectamente consolidada que trafica con total pasividad y tolerancia del Gobierno. Jerez ha lamentado también que “pese a que Formentera tiene una población de 12.000 personas, en la actualidad hay más de 250 menores tutelados, una capacidad de acogida sobrepasada y un impacto económico directo. Para Formentera, la presión migratoria tiene también una dimensión extraordinaria porque las necesidades reales han multiplicado ampliamente las previsiones iniciales. 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