PP Balears

El PP registra una Comisión de Investigación por la presunta explotación sexual de menores tuteladas en Balears y Valencia

• El Grupo Popular defiende que “el Congreso debe esclarecer todos los interrogantes políticos que arrojan estos acontecimientos”

• El PP considera que estos lamentables acontecimientos deben esclarecerse ante la falta de información y transparencia impuesto por las instituciones autonómicas y gubernamental

La presidenta del Partido Popular de las Illes Balears y portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Marga Prohens, junto con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, y la otra portavoz adjunta, Macarena Montesinos, han registrado la petición de una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados sobre las responsabilidades, tanto por acción como por omisión, en los casos de presunta explotación sexual y abusos a menores de edad cometidos en Centros de protección ubicados en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y en la Comunidad Valenciana.

En estos casos no parece que las Administraciones competentes, estatal y autonómica, hayan velado por la salvaguarda y amparo de los derechos de los menores, lo que implica que se debe investigar en profundidad los hechos acaecidos si verdaderamente se quiere cumplir con el mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño y de nuestra Carta Magna.

Por ello, el GPP defiende que el Congreso debe esclarecer todos los interrogantes políticos que arrojan estos acontecimientos. También la Comisión debe formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en un futuro. Además, el Grupo Popular ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo reclamando que intervenga para que se investigue la actuación del Gobierno de Sánchez y de las instituciones y gobiernos autonómicos de las Balears y la Comunidad Valenciana, en relación con estos casos, así como exigir las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido en dichos hechos.

El GPP considera que estos lamentables acontecimientos deben esclarecerse ante la falta de información y transparencia impuesto por las instituciones autonómicas y gubernamental.