PP Balears

El PP pide a Armengol que reclame ante los tribunales el pago de 78 millones por parte del Estado correspondientes al IVA de 2017

• La ministra Montero reconoció ayer, tras el Consejo de Ministros, que no estaba dispuesta a abonar los 2.500 millones que debe a las CCAA por este concepto
• Toni Costa advierte que, pese al incremento de la financiación para 2020, los presupuestos del Govern tienen un agujero de 300 millones

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlament, Toni Costa, ha pedido hoy al Govern balear que acuda a los tribunales para reclamar vía judicial el pago de 78 millones de euros que corresponden a las Illes Balears en concepto de regulación del IVA correspondiente al último mes de 2017 y que ayer la ministra Montero, tras el Consejo de Ministros, insinuó que no se abonaría a las comunidades autónomas.

“La presidenta Armengol y la consellera Sánchez deben acudir a los tribunales a reclamar un dinero que es de Baleares y que el gobierno de Sánchez no quiere pagar”, señala Costa, que acusa al Ejecutivo central de querer camuflar el impago de los 2.500 millones que corresponden a las comunidades autónomas por la regulación del IVA de 2017 con el incremento de las cantidades que correspondientes al sistema de financiación de 2020, aprobadas ayer por el Consejo de Ministros.

“Resulta sorprendente que Armengol y su consellera hayan abandonado total y absolutamente la reclamación de los 78 millones que le corresponden a Balears por el IVA de 2017. La ministra Montero ya evitó pagarlo a finales de 2019, alegando que había un Gobierno en funciones y ahora les birla 2.500 millones a las comunidades, de los cuales 78 son de los ciudadanos de Baleares”, denuncia el diputado popular.

Costa advierte que los 2.864 millones que recibirá nuestra comunidad refleja los años en los que había niveles de crecimiento elevados en Balears, “no como sucede actualmente” y recuerda que los presupuestos del Govern para el presente año tienen una agujero de 300 millones entre ingresos y gastos, ya que se imputan convenios sin firmar con el Estado por importe de 160 millones y una recaudación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales inflada en 150 millones.

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