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El PP de Sa Pobla exige que no se convalide el decreto de veto económico en rústico “al poner en riesgo, también, la construcción de la escuela de Sant Francesc”

• El Grup Popular Municipal incide en que, además, “afecta a los propietarios de solares falsos urbanos en sa Ronda y la zona de las antiguas bodegas”
• El PP defenderá en el pleno del jueves una moción “para que se anule el decreto del Govern con el que se veta la actividad económica en suelo rústico y se devalua el patrimonio de nuestros payeses”
• Violeta Rodríguez: “Esta nueva norma prohibicionista del Pacte es un duro revés económico para sa Pobla”

El Partido Popular de Sa Pobla exige al Ajuntament que inste al Govern a que no se convalide el decreto de territorio “al poner en riesgo la construcción de la escuela de Sant Francesc además de afectar a los propietarios de solares fal-sos urbanos en sa Ronda y la zona de las antiguas bodegas. Todo ello, además de vetar la actividad económica en suelo rústico y se devalúa el patrimonio de nuestros payeses”.

Así pues, el Grupo Popular ha registrado y defenderá una moción en la sesión plenaria del próximo jueves “para que se anule el decreto del Govern” con el que “a grandes rasgos, se prohíbe el uso residencial que está en Áreas de Pro-tección de Riesgo (APR), establece una moratoria de determinados urbanizables no desarrollados de 400 hectáreas hasta día 31 de diciembre de 2021 y se crea una moratoria de los "falsos urbanos" de 200 hectáreas hasta día 31 de diciembre de 2021.

Además, con el decreto “se desclasifican urbanos no construidos en 8 años, excepto para construir Viviendas de Protección Oficial (VPO) o que ya estén en tramitación, se producirá un incremento de los precios del suelo disponible para edificar ya que el suelo disponible disminuye y en consecuencia, esto provocará un incremento del precio de la vivienda”. También “se reducen los parámetros para edificar viviendas unifamiliares en suelo rústico y reduce en un 40% el volumen edificable así como la construcción de nuevas piscinas”.

Con todo, la portavoz del Grupo Popular Municipal, Violeta Rodríguez, incide en que “esta nueva norma prohibicionista del Pacte es un duro revés económico para sa Pobla” y lo argumenta explicando que “tendrá consecuencias muy ne-gativas para la economía en general, pero de forma especial a las pequeñas y medianas empresas y autónomos locales que se dedican, directa o indirectamente a la construcción; así como son los aparejadores, carpinteros, ingenieros, albañiles, fontaneros, electricistas, pintores, herreros”.

“Resulta increíble que este decreto se haya aprobado en plena crisis del Covid-19, cuando es más necesario que nunca implementar medidas para estimular la economía. Es impresentable que los Ayuntamientos no puedan decidir sobre la situación en la que quedan los suelos afectados por el decreto. Hay una clara invasión de competencias municipales cuando regula "los falsos urbanos" y los urbanizables sin desarrollar, dando a los Consells Insulares la competencia para que sean ellos los que decidan en qué situación queda este suelo, es decir, si pasa a rústico o no”, se recalca en el texto de la moción en la que también se hace hincapié en que “este decreto se ha aprobado sin ningún tipo de consenso municipal, sin aportaciones de los sectores afectados ni tampoco escuchando las necesidades de los colectivos implicados”.

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