El PP logra que el Parlament exija al Gobierno de Sánchez una insularidad digna para los funcionarios del Estado en Balears
17 de septiembre de 2026
  • Los populares reclaman una reforma integral de la indemnización por residencia que tenga en cuenta el coste real de vivir en cada isla y se actualice de forma automática
  • Cristina Gil: “No basta con una subida puntual, necesitamos una solución definitiva que permita atraer y mantener a los profesionales que garantizan los servicios públicos en nuestras islas”

El PP Balears ha logrado que el Parlament exija al Gobierno de Pedro Sánchez una reforma integral de la indemnización por residencia para garantizar una insularidad digna a los empleados públicos del Estado destinados en las Illes Balears. La diputada popular Cristina Gil ha defendido que la compensación debe responder al coste real que supone vivir y trabajar en las islas y contribuir a solucionar las dificultades para cubrir vacantes y estabilizar las plantillas de los servicios públicos estatales.


Así, Gil ha reconocido que la actualización de las cuantías aprobada el pasado mes de julio supone un avance, pero ha advertido de que “no basta con una subida puntual, necesitamos una solución definitiva que permita atraer y mantener a los profesionales que garantizan los servicios públicos en nuestras islas”. En este sentido, ha recordado que las dificultades para cubrir plazas afectan a ámbitos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Justicia, Instituciones Penitenciarias, Seguridad Social, Tráfico o la Agencia Tributaria.


La iniciativa aprobada reclama que la indemnización por residencia se determine a partir de criterios objetivos que reflejen el coste efectivo de la insularidad, teniendo en cuenta factores como la vivienda, el nivel de precios, el transporte y la movilidad, así como las circunstancias específicas de la doble y triple insularidad. Además, el PP plantea avanzar hacia una cuantía uniforme para los empleados públicos destinados en cada isla, de manera que la compensación responda al coste de la insularidad y no a su grupo o categoría profesional.


“La insularidad no puede convertirse en una penalización para quienes vienen a trabajar a Balears ni en un problema para los ciudadanos que necesitan unos servicios públicos de calidad”, ha señalado Gil, quien ha insistido en que la falta de profesionales y la elevada rotación de las plantillas “no es únicamente un problema laboral, sino que acaba afectando directamente a la atención y a los servicios que reciben los ciudadanos de nuestras islas”.


Finalmente, el PP ha conseguido que el Parlament reclame al Gobierno de Pedro Sánchez un mecanismo automático de actualización periódica de la indemnización para evitar que vuelva a perder poder compensatorio, además de una evaluación anual de su impacto sobre la cobertura de vacantes y la estabilidad de las plantillas. “Queremos que esta reivindicación histórica deje de depender de actualizaciones puntuales y se convierta de una vez por todas en una respuesta estable, justa y acorde con la realidad de cada una de nuestras islas”, ha concluido Gil.

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