El Partido Popular de Mallorca defenderá en el próximo pleno del Consell una moción para exigir al Gobierno de España que abone las compensaciones pendientes a los pequeños propietarios que, después de haber colaborado con alquileres sociales o de emergencia, llevan meses sin cobrar ni recibir ninguna respuesta por parte del Estado.



La iniciativa denuncia la situación de “profunda injusticia” que viven los propietarios afectados por la suspensión de los desahucios en casos de familias vulnerables, después de que el Gobierno central haya dejado sin fondos el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y no haya previsto una partida clara para cubrir estos pagos en el futuro Plan 2026-2030.

“Nos hemos enterado por la prensa de que cerca de un centenar de propietarios de las Islas Baleares llevan meses sin cobrar lo que el Estado les debe. No han recibido ni compensación, ni información, ni transparencia. Mientras tanto, deben seguir pagando el agua, la luz, el IBI y, en muchos casos, la hipoteca”, ha denunciado la portavoz del Grupo Popular, Núria Riera.

El PP recuerda que estos ciudadanos actuaron con responsabilidad, ofreciendo su vivienda a personas con dificultades para colaborar con el sistema y evitar situaciones de exclusión, y que ahora sufren la dejadez de un Gobierno que incumple sus propios compromisos.

“El Gobierno más “social” de la historia es incapaz de pagar lo que promete. Hablamos de familias que confiaron en las instituciones y que hoy se sienten engañadas. Esto no es un escudo social, es un escudo de injusticia”, ha subrayado Riera.

La moción insta al Gobierno de España a:

• Destinar fondos estatales específicos y suficientes para garantizar el pago inmediato de las compensaciones pendientes.
  
  
• Revisar los criterios de vulnerabilidad para evitar abusos o casos de aprovechamiento indebido.
  
  
• Incluir en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 una partida clara y garantizada para estos pagos.
  
  
• Crear un mecanismo de seguimiento y control que garantice transparencia y justicia.

“No pedimos privilegios, pedimos justicia. Los pequeños propietarios no pueden seguir soportando las consecuencias de una política de vivienda improvisada, opaca y profundamente injusta”, ha concluido Núria Riera.