El portavoz del PP Balears en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha comparecido hoy en rueda de prensa para pedir el apoyo de todos los grupos de la Cámara para exigir al Gobierno de España la prohibición del uso del burka en edificios públicos y ha reafirmado el compromiso del Partido Popular con la defensa sin ambigüedades de la igualdad y la dignidad de las mujeres y de las niñas. 

Así, Sagreras ha subrayado que “el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres forma parte esencial de la integración en nuestra sociedad” y que esta iniciativa tiene como objetivo hacer frente a prácticas “profundamente contrarias a los valores constitucionales y a los principios básicos de una sociedad democrática”.

El portavoz popular ha querido dejar claro que esta propuesta “no va contra ninguna religión ni contra ningún colectivo”, sino que se sitúa de manera inequívoca “a favor de la libertad real de las mujeres, de su dignidad y de su igualdad”. En este sentido, ha señalado que no se puede aceptar que, en pleno siglo XXI, se sigan tolerando formas de sumisión y opresión que anulan a la persona y vulneran derechos humanos esenciales.

Sagreras ha advertido de que una mujer que vive bajo un burka “no puede relacionarse con normalidad, no puede expresarse libremente y vive invisibilizada, marginada y deshumanizada”. Por ello, ha insistido en que no se puede permitir que, en nombre de una supuesta diversidad cultural, se normalice en España y en las Illes Balears “una discriminación sistemática contra las mujeres que atenta contra su dignidad y contra su libertad”.

Asimismo, ha recordado que esta iniciativa se enmarca en una tendencia compartida por numerosos países del entorno europeo. Francia, Bélgica, Dinamarca, Austria, Bulgaria o Suiza han aprobado prohibiciones o restricciones claras sobre el uso del velo islámico integral en espacios públicos.

“España no puede quedar al margen cuando se trata de defender los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres”, ha subrayado.

La proposición no de ley también aborda otras formas extremas de violencia contra las mujeres y las niñas, como la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados e infantiles, prácticas condenadas de manera rotunda por Naciones Unidas, la Unión Europea y los principales tratados internacionales de derechos humanos.

“Cada año, millones de niñas son obligadas a casarse. Cada pocos segundos, una vida queda marcada para siempre por la imposición, la coacción y el miedo. Esto no es cultura ni tradición, es una vulneración flagrante de los derechos humanos”, ha afirmado Sagreras.

Asimismo, la iniciativa reclama también un compromiso firme para reforzar los mecanismos de sanción y la persecución penal de prácticas como la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados.