El PP Balears ha registrado en el Parlament una Proposición No de Ley para instar al Gobierno de España a cumplir sus obligaciones legales de conservación, mantenimiento y protección de las murallas del Castell de Alaró, de titularidad estatal, ante el deterioro progresivo que sufre este Bien de Interés Cultural, uno de los tres castillos roqueros de Mallorca y uno de los principales símbolos del patrimonio histórico de la isla. 

Así, la diputada popular Lluc Fornas ha puesto de manifiesto que "el Castell de Alaró es uno de los activos patrimoniales más importantes que tenemos los mallorquines, y no podemos permitir que la dejadez del Estado acabe poniendo en riesgo un monumento de este valor". Fornas ha recordado que "hace años que los informes técnicos avisan del deterioro de las murallas, y hace años también que la Administración General del Estado mira hacia otro lado ante una responsabilidad que es suya por ley". 

La diputada ha subrayado que las instituciones baleares, en cambio, "hace tiempo que trabajan con seriedad para proteger este conjunto monumental", citando la expropiación de la parte privada del castillo iniciada por el Consell de Mallorca y las modificaciones normativas aprobadas por el Govern de les Illes Balears para facilitar su recuperación pública. "Mientras nosotros avanzamos, el Estado se mantiene inmóvil. Y esa inmovilidad tiene un precio: el deterioro de un bien que es de todos", ha añadido. 

Fornas ha hecho referencia también a las gestiones recientes del Ayuntamiento de Alaró y del conseller de Turismo, Cultura y Deportes ante el secretario de Estado de Cultura, "una reivindicación justa y necesaria que ahora el Parlament de les Illes Balears quiere reforzar con el respaldo institucional de todos los grupos". En este sentido, ha exigido que "el Estado opte por una de las dos vías que le corresponden: asumir de una vez el mantenimiento de las murallas o cederlas a la administración balear que pueda actuar con la celeridad que la situación exige". 

La iniciativa popular insta así al Gobierno de España a agilizar los trámites para la cesión de las murallas al Consell de Mallorca o a la administración que corresponda y reclama la creación de un mecanismo estable de coordinación institucional entre todas las administraciones implicadas para garantizar la conservación definitiva del conjunto monumental.