El Congreso de los Diputados ha blindado hoy la gratuidad del transporte público para 2026 a raíz de la enmienda aprobada el pasado miércoles en el Senado gracias al Partido Popular. El portavoz adjunto José Vicente Marí ha explicado que “el Congreso ha infligido un duro correctivo a las políticas de transportes de Sánchez. El ministro Puente planteó una ley de movilidad en la que ni él mismo creía, como explicó, y tampoco es la ley del PP. Sin embargo, hemos sabido articular, una vez más, la mayoría alternativa al Gobierno, que se ha visto obligado a introducir numerosas enmiendas propuestas por el PP en beneficio de los ciudadanos”.

“Las amplias mayorías de los grupos parlamentarios en las Cortes Generales han sido determinantes para sacar adelante una iniciativa que reconoce el hecho insular y garantiza que tanto Balears como Canarias cuenten con una ayuda específica del Estado para financiar esta gratuidad. Es fundamental para la movilidad de trabajadores, estudiantes y familias, ya que se mantiene el descuento del 100% en los abonos y títulos multiviaje”.

“Lo lógico habría sido que el propio Gobierno impulsara esta medida, pero ya sabemos que Sánchez ni gobierna, ni está, ni se le espera, por lo que el PP ha vuelto a demostrar la responsabilidad y la defensa firme de los intereses de los ciudadanos de Balears en una enmienda que hoy no se podría haber incluido de no haber prosperado en la Cámara Alta”, ha añadido. Además, ha celebrado “el cambio de opinión del PSOE: la semana pasada lo

votaron en contra y hoy, conscientes de que iban a perder la votación y la propuesta salía con o sin ellos, no les ha quedado otro remedio que votarla a favor. Deberán dar explicaciones de por qué no querían la gratuidad del transporte para Balears”.

“De la misma manera que deberán explicar los motivos por los que PSOE y Sumar Més están en contra de que el Estado financie las infraestructuras ferroviarias en Mallorca. No han sido nada previsores con las necesidades en materia ferroviaria, y ambos han rechazado el convenio ferroviario, dejando a Mallorca sin la posibilidad de financiación, ya sea directamente o bien a través de convenio como plantea la presidenta Marga Prohens. La enmienda pedía la declaración de Balears como interés estratégico y general por parte del Estado.

“Otra enmienda introducida por el PP, y rechazada por el Congreso, que afecta a las Illes Balears es la obligación de que el Estado contribuya en la financiación de un plan nacional para la descarbonización del transporte marítimo, esencial para nuestras islas. Es decir, dotación económica para que el Gobierno asista a las empresas en su transición hacia la descarbonización de sus barcos y activos y, en definitiva, mejorar nuestro medio ambiente”, ha concluido.