El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una moción en el Senado para exigir al Gobierno más transparencia, seguridad jurídica y diálogo con las comunidades autónomas en la tramitación del nuevo anteproyecto de modificación del Reglamento General de Costas.

La iniciativa llega después de que la Comisión Europea abriera un procedimiento de infracción contra España al considerar que determinados aspectos del régimen de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre podrían no ajustarse a la Directiva Europea de Servicios, especialmente en lo relativo a la duración de las concesiones y a los procedimientos de adjudicación. A raíz de ello, el Gobierno ha iniciado una reforma del Reglamento de Costas que, según denuncia el PP, está generando una enorme preocupación en los territorios costeros.

El senador autonómico, Miquel Jerez, ha señalado que el Gobierno “todavía está a tiempo de hacer las cosas bien” y ha reclamado un cambio de rumbo en la forma de abordar esta reforma. El Gobierno tiene una oportunidad para rectificar, para abandonar la imposición y construir una reforma equilibrada que compatibilice la protección del litoral con los derechos de la gente. Porque proteger el litoral no puede significar condenar permanentemente a la incertidumbre a miles de familias y actividades económicas que llevan décadas formando parte de nuestro litoral”, ha afirmado.

Miquel Jerez ha insistido en que cualquier modificación del Reglamento de Costas debe hacerse “escuchando de verdad” a las comunidades autónomas afectadas y teniendo en cuenta la realidad específica de territorios como Baleares.

“No se puede legislar desde Madrid sin escuchar a quienes viven esta realidad cada día. Las comunidades autónomas tienen mucho que decir porque somos nosotros quienes conocemos el impacto real que estas decisiones tienen sobre el territorio, sobre la economía y sobre la vida de la gente”, ha explicado.

El senador ha advertido de que, si el Gobierno continúa actuando sin consenso y sin ofrecer seguridad jurídica, “la consecuencia será seguir alimentando la incertidumbre y mantener una amenaza constante sobre las propiedades, los negocios y los proyectos de vida de muchas familias”.

“Llevamos años viendo cómo muchas personas viven pendientes de respuestas sobre concesiones, deslindes, revisiones y cambios normativos que afectan directamente a sus viviendas o a sus actividades económicas. Esa inseguridad permanente es incompatible con cualquier idea seria de estabilidad jurídica”, ha señalado.

Jerez también ha mostrado su preocupación por la intención del anteproyecto de limitar determinadas prórrogas concesionales vinculadas a actividades económicas mediante un reglamento, pese a que muchos de esos derechos están reconocidos actualmente en normas con rango de ley. “Aquí hablamos de pequeños negocios, restaurantes, instalaciones náuticas y actividades tradicionales que generan empleo y economía en nuestras islas. No se puede cambiar las reglas a mitad de partido después de años de inversiones realizadas conforme a la legislación vigente”, ha añadido.

Asimismo, el senador popular ha alertado sobre la posibilidad de ampliar el dominio público marítimo-terrestre mediante criterios “expansivos y poco claros”, generando todavía más inseguridad patrimonial y social en lugares especialmente sensibles como Ibiza y Formentera.

La moción presentada por el PP reclama al Gobierno máxima transparencia sobre el procedimiento abierto por Bruselas, la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas costeras, estudios reales sobre el impacto económico y laboral de la reforma y la paralización de aquellos aspectos del anteproyecto que afectan directamente al régimen de concesiones vinculadas a actividades económicas. “Defender el litoral también significa defender a quienes viven y trabajan en él. Y eso exige protección medioambiental, sí, pero también diálogo, sentido común y seguridad jurídica”, ha concluido Jerez.